Jueces con mayúscula

D igo con mayúscula porque los hay que son jueces con minúscula o jueces solamente de golilla o juececillos de andar por casa, por el juzgado, que ahora se llama «oficina» judicial; en lugar de ir al juzgado se va a la oficina o se va al despacho del operador jurídico. Cosas nuevas en situaciones lentas y arcaicas. Y dentro de esas oficinas existen esos jueces, con minúscula, que se erigen en una misión funcionarial correspondiente a cualquier otra oposición. Se es juez con minúscula como se hubiera podido ser registrador de la propiedad o inspector de Hacienda.

Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial al referiste a los jueces lo hace con mayúscula —Jueces o Magistrados, dice—, es decir que se está nombrando al verdadero Juez, al que desempeña su labor por vocación y con entera responsabilidad personal y legal. Cuando se quiere referir al juez como funcionario o como regidor del juzgado se refiere a él con minúscula, así se dice: «informe del juez», «juez competente», etc. La diferencia está no en la función —que cualquier alto funcionario la puede desarrollar— sino en la misión. La alta misión, diríamos, de juzgar. Sin que a ella le empañen los vaivenes de la política o la influencia de la sociología.

Este Juez, con mayúscula, debe de estar bajo el manto amparador de la independencia, para poder llevar a la justicia de hoy aplicando la norma que otro poder le ha señalado. Libre de presiones extrajudiciales y ajenas a las veleidades de la política. Nos llena de estupor que se diga que la composición del gobierno de los jueces está integrada por jueces «progresistas» o «conservadores», según sople el aire de las ideologías. Se emparejan ambas condiciones con la izquierda y la derecha, al decir de quienes les nombran. Sabemos —o lo constatamos nosotros— que un juez progresista —que además se nombran ellos mismos así— es aquél que transita sus sentencias por el camino tortuoso y advenedizo de la ideología, por la alabanza y loa a cierta política, por el surco fácil de la misericordia o de la falsa caridad; en definitiva por lo que se ha dado en llamar «uso alternativo del derecho». Esta expresión tuvo fortuna en las tendencias marxistas de los años 50 y todavía nos persigue —persigue a los autodenominados progresistas— llegando a la práctica no menos corrupta de decir que el progreso jurídico es aquél que está de acuerdo con la ideología que estos mismo jueces propugnan. Como decía Cerroni: «..la utilización de las técnicas jurídicas se convierten, precisamente, en una mera utilización instrumental que encuentra su razón de ser no ya en la norma y en la lógica del ordenamiento, sino en la voluntad política que lo sostiene».

Lo que quiere ser progreso se convierte en arcaicas teorías izquierdistas. Y ya está bien de llamar progresistas a la izquierda, cuando a través del derecho quiere implantar viejas normas jurídicas. No puedo estar más de acuerdo con Unamuno cuando decía: «En el sentido más abstracto social, lo que progresa es la tradición, lo que camina al porvenir es el pasado ¿Qué otra cosa puede ser?»(De esto y de aquello , 299). El peligro de estos jueces progresistas viene por dos frentes. Por un lado alegan machaconamente que las leyes que aplican son caducas y deben de interpretarse conforme a la ideología marxista —aunque la oculten con eufemismos o neologismos— y, por otro, no solo interpretan las leyes sino que se atreven a no cumplirlas (el ejemplo más reciente es la de los jueces que trasponen la ley —como norma del Estado— por los convenios colectivos, esto es, la nueva reforma laboral es interpretada a la manera de la ideología o presión sindical. Todos estos jueces son los denominado jueces con minúscula que bien pudieran estar en un juzgado como en la secretaría de un partido político o como diputados en una asamblea de una comunidad autónoma. Los hay que valen igual —con minúscula— o lo mismo para ser presidente de una audiencia que para alcalde de un ayuntamiento.

Por otra parte están los que denominan Jueces conservadores. Vaya por delante que ningún colectivo ni persona se ha denominado conservador. El Juez conservador, sería en todo caso, aquel que aplica la norma sin adherencias ideológicas, teniendo en cuenta la realidad social del momento en que ha de aplicarse, pero no encorsetada en los años de su publicación sino con una flexible interpretación que permita la verdadera justicia que se ve reflejada en las norma suprema y que proclama los valores universales. El juez progresista hace un uso alternativo —más bien como dice el profesor Zorrilla, «uso divergente» del Derecho— mientras que el que denominan Juez conservador hace un uso profesional de la norma signado por la vocación profesional y en consonancia con lo que el legislador actual ha dictado. Si se perdiera por la «divergencias» de la denominada justicia progresista se estaría alejando del espíritu constitucional —siempre presente— y de la vocación, consustancial con la profesión, y sirviendo a un fin extrajurídico.

Por eso la Ley Orgánica del Poder Judicial, para evitar estas contaminaciones, no permite a los jueces estar afiliados a partidos o sindicatos, pero no obstante aparecen en este colectivo algunos jueces que tienen su origen en partidos políticos y son una prolongación de éstos. Es llamativa la decisión que tuvo una Sala de gobierno de un Tribunal Superior de formar Salas por adscripciones políticas —«tendencias», las llamaba— al objeto de que no se pronunciasen de una forma unánime. Y por eso la misma Ley prohíbe concurrir a actos y manifestaciones públicas en su «calidad de miembro del Poder Judicial». Ineficaz norma pues hemos visto cómo destacados miembros de la judicatura concurren a manifestaciones en contra del Gobierno o favor de determinada amnistía. La «calidad» no se puede separar de la «cualidad», pues ésta es la que distingue a las personas y se es juez en la manifestación se quiera o no, aunque no vaya vestido con su toga.

Juez con mayúscula es el que tiene en el frontispicio de su despacho la palabra independencia y juez con minúscula el que se deja influir por alabanzas o presiones ideológicas coincidentes con un izquierdismo extremo y extramuros de los valores de la Constitución española.