España sin gobierno
E l precedente belga es bien conocido. Entre 2010 y 2011, el país se mantuvo durante 541 días con un gobierno en funciones —batió un récord que obraba en poder de Camboya, con 353 días de provisionalidad—, y aquella inestabilidad fue explotada por diversos oráculos para presagiar los peores desastres en un país muy fracturado, con un problema crónico de diversidad étnica y cultural. Sin embargo, la realidad fue mucho más risueña y la economía funcionó al mismo ritmo que las de sus vecinos, y desde luego mucho mejor que las de los países del Sur de Europa, por aquellos tiempos sumidos en una profunda y devastadora crisis.
Aquel buen resultado de un periodo anormal no fue solo fruto del azar y de la espontaneidad de las fuerzas económicas y sociales: el economista Pau De Grauwe explicó así lo ocurrido: «Fue una época difícil por la situación política, con graves diferencias entre Flandes y Valonia. Y por la situación económica, con la UE dictando austeridad a ultranza. No tener Gobierno fue algo positivo en un país en el que las estructuras del Estado siguieron funcionando: la Comisión no pudo obligar al Ejecutivo en funciones a acometer la dieta de duros ajustes y reformas que barrió Europa por aquellas fechas».
En nuestro caso, nos está sucediendo algo parecido, y esta evidencia ha sido ya observada por algunos analistas. La inexistencia de Gobierno irrita a Bruselas porque, por una parte, el Ejecutivo en funciones tiene escaso interés en controlar el déficit, y, de otra parte, la Comisión Europea no puede exigir medidas de austeridad y recorte que no podrían implementarse ni aplicarse.
Lo que sucede es que, por razones fáciles de comprender, la imposibilidad de tomar iniciativas y de hacer reformas es ambivalente y junto a sus aspectos positivos tiene también su vertiente negativa: es saludable un descanso en la fruición legislativa de los próceres, que creen que el mundo se paralizará si ellos no efectúan su deposición legal perfectamente prescindible, pero es indeseable que se pospongan reformas que ajustan la actividad del Estado a las necesidades o las reglas a las demandas sociales.
Lo grave de la falta de gobierno es que ciertos problemas enquistados —toda sociedad tiene alguno— no avanzan en el camino hacia su solución, y a veces incluso se agravan si no se actúa decididamente. En nuestro caso, la cuestión catalana pertenece a esta categoría. Y la Constitución está cerca de cumplir 40 años sin haber sido reformada, ni siquiera en aquellas partes, como el Título VIII, en que el texto era más procesal que dispositivo. En cuanto se recupere la normalidad, será el momento de reconsiderar todo este acervo para reconstruir la democracia sobre sus vigas maestras, que han resistido bien el paso del tiempo.