Qué reforma
E n 2006, el Consejo de Estado, presidido a la sazón por el ilustre jurista Francisco Rubio Llorente, hizo público un voluminoso Informe sobre modificaciones de la Constitución Española efectuado a requerimiento del Gobierno, presidido entonces por José Luis Rodríguez Zapatero, quien había llevado la reforma constitucional en su programa electoral socialista. En aquel análisis se examinaron cuatro grandes cambios: la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono; la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea, que había quedado al margen en 1978; la inclusión en el texto de la denominación de las comunidades autónomas que se habían formado al amparo del Titulo VIII de la Constitución, y la reforma del Senado, para convertirlo en auténtica Cámara de representación territorial.
En aquella coyuntura, no hubo clima propicio para llevar a cabo tal reforma, que ya se pretendía entonces -se dijo cumplidamente- implementar mediante un amplio consenso como condición sine qua non para abordarla. Hoy, aquellas carencias siguen pendientes de resolución, aunque sólo habría un verdadero y perentorio conflicto si los reyes de España engendraran un vástago varón, que según la Carta Magna vigente se convertiría inmediatamente en el heredero. Pero las necesidades de reforma constitucional más relevantes van por otro camino, y hoy no tendría sentido un cambio constitucional que no estuviese encaminado a mitigar y encauzar el conflicto catalán. Parece evidente que la solemnidad de una reforma constitucional podría restaurar la relación. El sistema de financiación autonómica requiere una negociación multilateral en el seno del Estado autonómico, pero estos agravios subjetivos pueden y quizá deben resolverse en la negociación constitucional, lo que aliviaría unas tensiones que pueden derivar en irremisible ruptura.
Hay propuestas sobre la mesa: el PSOE ha propuesto un cauce hacia el federalismo y Herrero de Miñón propone que se añada una disposición adicional a la Carta Magna reconociendo las singularidades históricas de Cataluña, como se ha hecho con los territorios forales. Ya se sabe que los radicales no se avendrán a razones, pero sí es posible encontrar la receptividad del núcleo duro de la sociedad y de la política catalanas. En este sentido, sí es razonable plantear la reforma constitucional, que, de paso, podría resolver todos los demás anacronismos.