Más dinero, pero con dudas en el control

La sentencia del Tribunal Supremo que abre el camino para que los ayuntamientos y juntas vecinales cobren por el paso por sus terrenos de líneas eléctricas de alta tensión es de total justicia. El que hace negocio debe repartir los beneficios con quienes sufren las molestias. En la provincia hay municipios que llevan años en esta pelea —especialmente Villagatón, cuyos pueblos deberían cobrar 600.000 euros al año—.

Pero esta novedad judicial coincide en el tiempo con los balances de las cuentas de las juntas vecinales, que con el olvido de la amenaza de supresión parece que han vuelto a las andadas. Ayer mismo se conocía que las pedanías podrían reclamar una media de 12.000 euros por cada kilómetro de línea de alta tensión, en función de la potencia de ésta. Pero hace pocos días también se conoció que los pueblos que incumplen la obligación de entregar sus balances al Consejo de Cuentas se ha multiplicado por 20. Sólo el 60% de las 1.231 entidades locales menores de la provincia las envían para su control.