La manta no da más de sí
S in duda en un intento de frenar la deriva soberanista catalana, Mariano Rajoy se presentó la semana pasada anunciando una lluvia de inversiones en Cataluña: 4.200 millones de euros en infraestructuras, la mitad de ellos destinados a impulsar el llamado Corredor Mediterráneo.
Es posible que ese maná del Estado cambie la percepción de una parte de la ciudadanía catalana convencida a pies juntillas del «España nos roba». Pero lo que es seguro es que no va a disuadir de su apuesta al bloque independentista ni a los que apoyan un derecho a decidir que no es otra cosa que el ejercicio de la autodeterminación.
Lo que sí ha suscitado esa millonaria inversión en Cataluña es el recelo de otras comunidades autónomas, tan necesitadas o más de ese mismo impulso, máxime después de unos años de vacas flacas en el que las inversiones del Estado se han desplomado. Si ir más lejos, todo el cuadrante noroeste peninsular, incluidas las regiones Norte y Centro de Portugal, sigue suspirando por un Eje Atlántico que no acaba de arrancar. Con mucha prudencia, evitando meter el dedo en el ojo del Gobierno Rajoy, ha expresado ese resquemor el presidente de la Junta, al reclamar una «equidad» en la distribución de las inversiones del Estado. Si no fuera porque Cataluña se ha convertido en un «problema de Estado», en el resto de España se estaría hablando lisa y llanamente de un manfiesto agravio comparativo.
Los recelos se extienden también a una posible quita en los 138.000 millones de deuda contraída por las comunidades con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica, condonación que perjudicaría especialmente a Castilla y León, comunidad que ha preferido financiarse en el mercado libre en lugar de recurrir a dicho mecanismo.
Entretanto, Montoro, preparando el terreno de la peliaguda negociación del modelo de financiación autonómica, ha incrementado en 5.000 millones de euros la partida de los nuevos Presupuestos del Estado destinada a las comunidades autónomas. Una cantidad estimable que se queda en calderilla teniendo en cuenta que acumulan una deuda de 276.900 millones de euros.
Un nuevo modelo de financiación podrá paliar el déficit estructural de las comunidades y aproximar el reparto al coste efectivo de los servicios fundamentales (Sanidad, Educación y Dependencia), tal como aspira Castilla y León. Pero ni de lejos va a garantizar la suficiencia financiera que se esfumó con la llegada de la crisis. En esta comunidad esa insuficiencia se cifra en más de 400 millones de euros y ha disparado la deuda por encima de los 11.300. Y si el déficit se ha reducido este año hasta los 345 ha sido tapando los agujeros del gasto social a costa de otras partidas presupuestarias. No se vislumbra manta que dé de sí para cubrir de la cabeza a los pies.