Despoblación e indolencia
C omo si de una plaga bíblica se tratara, asistimos con pasmosa indolencia social y política al dramático desplome demográfico de Castilla y León, que en 2016 ha vuelto a ser la comunidad autónoma que mayor índice de población ha perdido (otros 23.124 habitantes menos, casi un 1 por ciento con respecto al año anterior).
Tras este nuevo retroceso, el padrón autonómico ha descendido hasta los 2.424.395 habitantes, la cifra más baja en toda la serie histórica conocida. Somos en la actualidad 139.126 castellanos y leoneses menos que en 2009, año que en que comenzó este incontenido declive demográfico. Es decir, que en ocho años esta comunidad ha perdido una población superior a la de León capital, sin que nadie se sienta responsable de ello.
Fracasada la llamada Agenda de la Población puesta en marcha en 2010, la Junta hace tiempo que ha tirado la toalla, renunciando a afrontar el problema con medidas propias y específicas. Al tratarse de un mal compartido con otras comunidades, ha diluido su responsabilidad en esta Estrategia Nacional sobre el Reto Demográfico que se comprometió a elaborar el gobierno central en la pasada Conferencia de Presidentes. Mientras tanto, la mencionada Agenda ha desaparecido de los Presupuestos de la Comunidad y la Junta se limita a confiar en que la recuperación económica y del empleo ataje esta sangría demográfica.
Sin embargo, la realidad no avala dicha expectativa. A los datos me remito. El PIB autonómico creció en 2016 por encima del 3 por ciento y ello, lejos de frenar la despoblación, se tradujo en la pérdida de los 23.124 habitantes arriba señalados. Y otro tanto sucedió en 2015, año en el que un crecimiento económico del 2,9 por ciento no evitó otro descenso de 24.533 habitantes.
No parece por tanto que esta recuperación económica, sustentada en un empleo precario y devaluado salarialmente, vaya a solucionar el desastre demográfico. Un drama que además ha dejado de ser exclusivo del medio rural y se manifiesta ya con crudeza en las ciudades, que también ven retroceder sus censos. Entre otras cosas, porque una parte de la población que abandona la comunidad son jóvenes formados en nuestras universidades que buscan en otros horizontes las oportunidades que aquí no otean.
Frente al discurso oficial de la recuperación, lo cierto es que, sin que nadie lo remedie, se está cumpliendo inexorablemente la previsión del INE según la cual Castilla y León perderían entre 2013 y 2023 cerca de 200.000 habitantes. De momento, en estos cuatro últimos años hemos perdido 95.480, más de los que tiene toda la provincia de Soria. ¿Asistiremos indolentes a la pérdida de otros 100.000?