TRIBUNA
El futuro de las centrales térmicas leonesas
« Estoy de acuerdo con usted en que el mix energético no lo deciden las empresas, sino el Gobierno y las Cortes Generales». Esto me contestó, entre otras cosas, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, el pasado 9 de mayo en el Pleno del Senado cuando le pregunté sobre los planes del Gobierno para adaptar las centrales térmicas a la Directiva Europea de Emisiones Industriales, obligatoria para continuar operando después de 2020.
También se debe tener en cuenta que el Acuerdo de París contra el cambio climático fija el año 2050 como límite para sustituir los actuales combustibles fósiles por energías renovables. En 2030 deberemos alcanzar el 36% de renovables sobre el consumo total de energía según el Parlamento Europeo. Mientras tanto nos hallamos en un periodo de transición energética que no se puede dejar a la improvisación.
Esta planificación del futuro está plenamente aceptada en los ámbitos políticos, eléctricos y ambientalistas. El debate (con muchos intereses enfrentados) gira en torno a la fuente energética que debe actuar como respaldo al creciente papel de las renovables. Porque éstas, de momento, a pesar de la potencia instalada, no pueden garantizar el suministro eléctrico por su dependencia de factores atmosféricos incontrolables. Así se evidenció en el pasado invierno cuando se alcanzó el coste de 103 euros/kw/hora y el carbón (en su mayoría de importación) debió cubrir más del 22% de la demanda eléctrica. Las opciones para la energía de respaldo a las renovables son: centrales térmicas de carbón autóctono, centrales térmicas en puerto para carbón de importación, ciclos combinados de gas natural (mucho más caro y también de importación) o prorrogar la actividad de las centrales nucleares tras cumplir los 40 años de vida útil prevista.
Mientras fue ministro, J. M. Soria, el mentiroso compulsivo con animadversión patológica a la minería nacional (en la fobia le acompañaba una fauna variopinta), la opción del Gobierno era transparente. Las energías de respaldo serían la nuclear (prorrogar Garoña y detrás el resto) y las centrales de carbón de importación: As Pontes, Alcudia y Litoral (Endesa-Enel), Aboño y Soto de Ribera (EdPortugal) que, de acuerdo con el Ministerio, iniciaron en 2015 las inversiones para cumplir la Directiva Europea y operar más allá de 2020.
Sin embargo, en los últimos tiempos, se han producido grandes novedades. La primera ha sido la decisión de Alemania de ir cerrando las centrales nucleares y mantener sus centrales térmicas de carbón nacional como fuente de respaldo a las renovables. La segunda fue, contra todo pronóstico, que este invierno el carbón de importación resultó más caro (20%) que el escaso carbón nacional disponible. El tercer elemento ha sido el público desinterés de la principal empresa eléctrica, Iberdrola, en prorrogar la vida de Garoña y de las demás centrales nucleares.
Por otro lado, el Ministerio cuenta con un Informe (confidencial), de 2 de diciembre de 2015, ocultado por el nefasto Soria, titulado ‘Las centrales de carbón autóctono como elemento de seguridad de suministro en España’. En sus 50 páginas, entre muchos datos, se puede leer «las centrales térmicas de carbón autóctono tienen además todas las características adecuadas para servir de respaldo a la producción renovable… Según una simulación realizada por el Operador del Mercado (Omie)…de no disponer de las centrales de carbón autóctono, se obtendría una elevación media del precio del mercado (eléctrico) del 3,52% (un sobrecoste de 350 millones de euros al año para los consumidores)… Debe establecerse un incentivo para asegurar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica que utilizan carbón autóctono como combustible».
En definitiva, hay argumentos económicos sobrados para mantener las centrales térmicas leonesas (Compostilla, La Robla y Anllares) cumpliendo la Directiva Europea de Emisiones Industriales y para revitalizar nuestro sector minero arrasado por cinco años de demolición sistemática. Miles de empleos directos, indirectos e inducidos, dependen de ello. El Gobierno tiene suficientes instrumentos jurídicos (artículo 21 de la Ley del Sector Eléctrico) para impedir el cierre de las centrales térmicas por razones de competitividad de nuestro país y para evitar el aumento de la dependencia energética de España.
Ya es hora de que el Gobierno ejerza la iniciativa y plantee la prioridad de las centrales térmicas de carbón autóctono como energía de respaldo a las renovables por razones de seguridad nacional. Y, además, por pura coherencia, prohíba urgentemente que se siga quemando un combustible tan contaminante como el coque de petróleo en estas centrales.