Impuesto de Sucesiones: burla a los vivos y robo a los muertos

A bsortos, con la mirada puesta en Cataluña, corremos el riesgo de no prestar atención a lo que tenemos más cerca. A que pasen más o menos desapercibidas aquellas decisiones que se adoptan a nuestro alrededor y que también tienen altas dosis de trascendencia, de sarcasmo y de discriminación con los leoneses.

Es el caso del acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y su socio de facto, Ciudadanos, para aprobar el presupuesto de la Junta de Castilla y León de 2018; un pacto que contiene una sobredosis de cinismo, al menos en lo que se refiere al Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Es cierto, como argumentarán las partes firmantes, que la cantidad exenta de tributación pasará de 300.000 euros en el presente ejercicio a 400.000 euros el próximo año. Este será el argumentario principal de los suscribientes. Venderán, ufanos, que bajan los impuestos. Y se quedarán tan anchos.

Pero lo que no van a hacer ni los responsables del partido de la gaviota (o del charrán, o de lo que quiera que sea el pajarraco de su logotipo) ni los del partido naranja es explicar por qué discriminan a los leoneses con agravios tan provocadores. No van a explicar por qué las exenciones para este impuesto que los mismos partidos abogan en otras comunidades no las aplican en esta. Tampoco explicarán por qué las exigencias para permitir la gobernabilidad en la autonomía de Valladolid son más baratas, considerablemente más baratas, que las que se negocian en el resto de España.

Corría el mes de abril de 2017 cuando Ciudadanos exigió al PP en Murcia (y consiguió) que, a cambio de apoyar la votación de investidura del nuevo presidente, suprimiera el Impuesto de Sucesiones en esa Comunidad. PP y Ciudadanos argumentaron que se trata de un tributo injusto. Ahora, a estas mismas formaciones les corresponde explicar por qué los leoneses no merecemos la misma consideración que los murcianos. Por qué los términos que firmaron en Murcia no son los mismos que los rubricados en Valladolid. Si el impuesto es injusto en Murcia, habrá que colegir, también debería serlo en León, en Castilla y en todas partes.

Otro precedente explica mejor las distintas varas de medir de unos y otros en según qué territorios. El pasado 20 de septiembre el PSOE de Andalucía y Ciudadanos alcanzaron un acuerdo presupuestario: el mínimo exento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones se elevaría a un millón de euros. A partir del 1 de enero, más del 95% de los andaluces no tendrán que pagar el impuesto.

Fue tanta la dicha que embargó al líder de Ciudadanos por este pacto que compareció ese mismo día en el Congreso de los Diputados. Anunció «un acuerdo histórico» que «va a alegrar mucho a los habitantes de Andalucía». «Hemos logrado que se suprima el Impuesto de Sociedades en esta comunidad», concluyó un jactancioso Albert Rivera.

Por su parte, el PP de Andalucía fue más allá y calificó el acuerdo suscrito de «insuficiente». El PP-A reclama la exención del 99% del Impuesto de Sucesiones en las herencias entre padres, hijos y cónyuges, como en la comunidad de Madrid, además de rebajas sustanciales a los familiares de segundo grado: hermanos, nietos y sobrinos.

A la vista de lo que se firmó y afirmó en Andalucía en las últimas semanas, todos los grupos deberían dar explicaciones a los leoneses y a los castellanos. Todos.

El PP de Herrera y de Mañueco debería explicar por qué a los andaluces sí y a los leoneses no. Por qué mientras en Madrid, en Murcia o en Andalucía defienden la supresión del impuesto de los muertos, Castilla y León se ha convertido en la autonomía del PP que grava más por este tributo a sus ciudadanos; la cuarta de mayor presión fiscal a los herederos de toda España tras Asturias, Extremadura y Aragón. Por qué persevera, junto a su muletilla, C´s, en ese agravio comparativo tan brutal como es la tributación de las herencias respecto a otras comunidades autónomas.

Cuestiones similares corresponde explicar a C’s. A ver cómo explica por qué mientras en Andalucía se pavonea de haber conseguido un mínimo exento de un millón de euros, en Castilla y León reduce esas exenciones a menos de la mitad, solo 400.000 euros. Por qué. O por qué no se traen también a Albert Rivera a anunciar la nueva buena: la supresión para los leoneses del Impuesto de Sucesiones.

Por su parte el PSOE debería explicar por qué no abandera su supresión si, en palabras de Susana Díaz, el impuesto ha sufrido «un proceso de deslegitimación». Por qué no defienden para León el mismo modelo de tributo que el de Andalucía.

Tranquilos: nadie va a explicar nada porque no hay justificación que valga. Sería tanto como reconocer que toman a los leoneses como ciudadanos de cuarta división, con menos derechos y más obligaciones que los de otros territorios del país. O, directamente, que nos toman como si conformáramos una amalgama aborregada de zoquetes y tarugos.

También sería tanto como reconocer que los murcianos y andaluces tienen políticos más capacitados, más aptos, que los leoneses y castellanos.

El acuerdo firmado por el PP y C’s en Castilla y León, es una muestra de hasta qué punto alcanza el desparpajo de nuestra clase política. Ese pacto, en lo que se refiere a las herencias, es sonrojante. Un despropósito colosal. Supone una burla a los vivos y un robo a los muertos. Pero nadie se lo va a reprochar a nadie, porque todos tienen mucho que callar.