EDITORIAL | Las cláusulas suelo y la carencia de medios colapsan el sistema judicial
El Juzgado de Primera Instancia de León que el 1 de julio empezó a enjuiciar en exclusiva las demandas por cláusulas suelo está colapsado: ya tiene 2.000 encima de la mesa, espera acabar el año con 4.000 y, para agravar la situación, la jueza podría ser trasladada en enero. La situación en León no es excepcional: ocurre lo mismo en todas las provincias del país.
El volumen de condiciones hipotecarias y crediticias controvertidas es tal que ha acabado poniendo contra la pared al sistema judicial español. A pesar de que el Gobierno puso en marcha una vía extrajudicial de negociación para encauzar las reclamaciones sobre cláusulas suelo abusivas, el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial acabaron impulsando un plan de choque para aliviar la carga de asuntos hipotecarios que asumen los jueces españoles. Para ello especializaron un juzgado por cada provincia.
Pero desde junio estas sedes han recibido ya más de 100.000 litigios. Ante esa saturación, los jueces decanos pidieron la supresión del modelo y el Tribunal Supremo dio vía libre a las administraciones para desincentivar a la banca imponiéndoles multas sin esperar a que los jueces vayan pronunciándose. De esa manera, las administraciones públicas tienen la potestad de multar a las entidades financieras que incluyan cláusulas abusivas en sus créditos. Incluso aunque no haya una decisión judicial condenatoria, un fallo del TS que sienta doctrina abre la puerta a que las comunidades autónomas sancionen a la banca por abusar de los consumidores. Sin embargo, la situación a día de hoy es que los 54 juzgados de primera instancia especializados en cláusulas se enfrentan a las críticas del sector por la falta de organización y de medios y por el efecto que puede causar en los juzgados ordinarios de primera instancia.
