Las sinrazones de las razones de Estado

A pesar de ser domingo, Domingo de Ramos para más señas, en esa tarde del 30 de marzo de 1980 los pasillos del Palacio de los Guzmanes bullían de gente. Políticos y periodistas se codeaban, intercambiaban opiniones, gestos nerviosos y cigarrillos. Se respiraban aires de expectación e impaciencia ante la rueda de prensa convocada en una fecha tan intempestiva.

Dos jóvenes que apenas alcanzaban la mayoría de edad subían las escaleras que da acceso a la planta donde se ubica el salón de plenos y la sala de comisiones de la Diputación. Podían ser expulsados con cajas destempladas pues nadie les había invitado. Además, desentonaban por lo que estaba a punto de decidirse y por el personaje que acapararía la atención de los presentes.

A esa hora estaba convocada la Comisión de Autonomías de la Diputación; la misma que cuatro meses antes había encargado una encuesta entre los ayuntamientos leoneses para que opinaran sobre sus preferencias autonómicas: el 50,7% de los municipios que representaban al 64,11% del censo electoral se posicionaron a favor de León solo. Claro que ese día que daba paso a la Semana Santa todos los diputados asistentes, salvo José María Suárez, iban a votar a favor de que la provincia se integrara en la autonomía de Castilla-León (como se denominaba entonces). Una opción que según la referida encuesta solo estaba respaldada por el 6,98 de los municipios, que representaban al 4,12 del censo. Se iba a consumar la mayor traición sufrida por esta tierra en toda su historia.

Para sorpresa de los jóvenes del Grupo Autonómico Leonés (GAL) que acababan de acceder a la planta noble de la Diputación, su presidente, el memorable Julio César Rodrigo de Santiago, luego de saludarlos con efusividad, les acompañó a su despacho. Allí, lejos del concurrido pasillo, pronunció una frase que terminó de descolocar a los dos pipiolos: «Llevo una semana sin dormir por este asunto. Mirad a ver si vosotros sois capaces de convencer a Rodolfo». Misión imposible. La suerte (o todo lo contrario) estaba echada para León.

Y sí, los recién llegados fueron presentados por el presidente a Rodolfo Martín Villa. Fue una conversación breve, de tono condescendiente e inflexible en los posicionamientos. Dos días antes, el exministro de la UCD había acuñado una frase lapidaria para justificar el giro de su partido en la configuración autonómica: «Con el corazón hubiésemos preferido León solo, pero han primado las razones de Estado». Razones de Estado fue la argumentación esgrimida ante los dos leonesistas y constituyó también la idea medular en la comparecencia del paramés ante los informadores.

Razones de Estado. Una expresión rimbombante con la que se pretendía justificar la necesidad de constituir una gran autonomía en el centro de España (Castilla y León) con vocación centrípeta, para hacer frente a las fuerzas centrífugas de las comunidades periféricas. Un gran colchón territorial en el interior para amortiguar los posibles devaneos independentistas de los vascos y catalanes. O, en palabras del propio Martín Villa, la madre o madrastra de esta autonomía, «una meseta fuerte frente a Cataluña».

Aquel día de marzo de 1980 uno podía ser joven, pero no estúpido. Recuerdo como si fuera hoy que no entendí qué tienen que ver las churras con las merinas. No entendía la relación que podía establecerse entre las ínfulas secesionistas con el hecho de que a los leoneses se les reconociera su condición de pueblo diferenciado. Tampoco alcanzaba a comprender de qué manera ese sacrificio que se le imponía a León tendría el efecto profiláctico anunciado por el antiguo gobernador civil y jefe provincial del Movimiento de Barcelona.

Casi 40 años después, sigo sin encontrar respuestas coherentes a las supuestas «razones de Estado». No las hay. Nada me hace pensar que los Ibarretxes, Puigdemonts o Junqueras hayan actuado de una manera más respetuosa con la Constitución por el mero hecho de que se hayan configurado 17 autonomías en España, en lugar de 18.

Por el contrario, sí estoy convencido de dos aspectos respecto a Castilla y León: que es una comunidad que ha arruinado a León (en lo económico, en lo social y en lo cultural) y que nunca tuvo pito que tocar en lo referente al fenómeno secesionista de algunos territorios periféricos. Los acontecimientos que se están desarrollando en Cataluña constituyen la prueba fehaciente de la inconsistencia de las «razones de Estado».

El calvario de León comenzó aquel domingo de Ramos de hace 37 años. Constatado el fracaso de la autonomía castellana y de sus razones, cabe pedir responsabilidades. A quienes han metido la pata de una manera tan ostentosa y con efectos tan desgarradores, lo menos que les sería exigible es el reconocimiento de su error y que pidan disculpas por tanto daño causado.

Y puesto que la justificación de la autonomía se ha disuelto como un azucarillo en el café, cabría exigir a los responsables públicos que se lo hagan mirar. Que rectifiquen. Porque los errores no se corrigen por el mero paso del tiempo, por dejarlos pudrir.

Ningún momento es bueno para el secesionismo ni para la ruptura del suelo patrio. Pero siempre es oportuno reclamar lo que en derecho nos corresponde, para reclamar justicia. La misma que se le negó a León hace casi cuarenta años sobre unas premisas que el tiempo ha desbaratado por su inconsistencia y sinrazón.