No estamos para fastos

La Comunidad de Castilla y León acaba de conmemorar el 35 aniversario de su Estatuto de Autonomía, que ya va siendo un tiempo, con pocas razones, por no decir ninguna, para el optimismo. Se perdieron hace ya diez años y desde entonces no ha habido la menor esperanza de encontrarlas.

La crisis económica pinchó muchas burbujas, no solo la financiera y la inmobiliaria. Con éstas también pegó el petardazo el Estado de las Autonomías, quedando al descubierto que éste sí —y no el ciudadano de a pie— vivía por encima de sus posibilidades. Coincidió, para mayor fatalidad, que Bruselas sacó a Castilla y León del grupo de regiones ‘Objetivo 1’, privándonos de golpe de casi todo el maná de fondos europeos que veníamos disfrutando.

El resultado es sobradamente conocido. Recortes y más recortes presupuestarios, deterioro de los servicios esenciales, desplome de la inversión pública y aumento exponencial de la deuda pública, que se ha multiplicado por diez durante este último decenio. En términos macroeconómicos se supone que estamos en recuperación y en teoría —la realidad es otra, precisamente a causa del endeudamiento— la comunidad autónoma ha recuperado niveles presupuestarios perdidos con la crisis. Pero el panorama sigue siendo nada alentador.

La Junta sigue arrastrando un déficit estructural achacado a un sistema de financiación autonómica que está por ver que se modifique a su favor, la despoblación sigue desenfrenada (139.000 habitantes perdidos a lo largo de los últimos ocho años), la cohesión territorial se da de bruces contra unos desequilibrios internos que nada se hace por corregir y, por si no fuera suficiente, nuestro precario tejido productivo se ve amenazado con nuevos cierres. Cuando la minería agoniza, las eléctricas, que tanto han exprimido en su beneficio nuestros recursos, amenazan con cerrar centrales térmicas e industrias en principio viables pretenden deslocalizarse del territorio simplemente para engordar sus cuentas de beneficios. Todo ello mientras la plasmación rural de la Ordenación del Territorio está abocada a su irremisible fracaso.

En lo institucional, el actual gobierno autonómico hace tiempo que ha agotado su ciclo político, la composición de las Cortes ha conducido a un bloqueo que impide, no ya reformar el Estatuto, que tampoco es lo más importante, sino dar un imprescindible impulso político a una comunidad que camina sin rumbo hacia la nada. La actual Legislatura puede darse por perdida y me temo que también el año largo que resta hasta las próximas elecciones autonómicas. Este es el sombrío paisaje que nos rodea 35 años después de aprobado el Estatuto de Autonomía.