La toxicidad de determinados documentales

L as organizaciones de mujeres feministas que, durante diez años antes de que fuera aprobada el 28 de diciembre la Ley 1/2004 de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género, estuvimos reclamando en la vía pública, cada 25 de noviembre, una ley de estas características, sabíamos entonces y comprobamos después que sería una ley combatida, a pesar de que se aprobó por unanimidad en el parlamento español y que, tras una campaña furibunda de descrédito de la ley, el Tribunal Constitucional ha declarado que todos y cada uno de sus artículos son ajustados a derecho.

La primera de las difamaciones fue extender la idea de que las mujeres maltratadas incurrían en el delito de falsedad en sede judicial, sosteniendo denuncias falsas. Esta difamación se sigue difundiendo a pesar de que según los datos del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, 930 hombres han acabado con la vida de sus parejas o ex parejas, todas mujeres, en los últimos 15 años y a pesar de que entre 2009 y 2015 se interpusieron 913.118 denuncias, de las cuales, solo el 0,0079% fueron falsas. Datos suficientemente elocuentes para rebatir las voces que se alzan en torno a las denuncias falsas en esta materia.

Otra de las graves acusaciones que pesó sobre la ley y que sigue ocasionando encendidos «argumentos» es la de beneficiar a las mujeres en detrimento de los hombres. Otra falsedad más, que oculta que los hombres se han beneficiado de la ley, ya que les incluye como víctimas en el apartado de violencia doméstica, a pesar de que los actos de violencia cometidos por las mujeres contra sus parejas o exparejas, es tan irrelevante que jamás por sí mismos hubieran justificado una normativa específica más agravada que la que establece el marco legal general del Código Penal.

En la actualidad, los asesinatos de mujeres por violencia machista constituyen la primera causa de muerte intencionada, a pesar de lo cual nos topamos con estas repugnantes posiciones machistas amparadas por una respuesta institucional tibia, con la complicidad de una justicia patriarcal que aplica la ley de forma mecánica, rutinaria, de forma reaccionaria y cómplice con el orden patriarcal, dando lugar a la naturalización de este grave problema social que sufren las mujeres y ocasionan los hombres, no todos los hombres, aunque todos los que matan y maltratan a las mujeres son hombres.

La violencia patriarcal está hondamente anclada en las estructuras materiales y simbólicas de esta sociedad. Niñas y niños, jóvenes adolescentes de ambo sexos, mujeres y hombres reciben mandatos socializadores que están en la raíz de esta violencia, de modo que hay que identificar una violencia invisible, estructural, oculta que ha sido conceptualizada como si formase parte de un orden natural de las cosas y también una violencia más visible, imposible de negar, que es sobre la que se articula la ley contra la violencia de género que se orienta a penalizar al agresor y a apoyar a una parte de las mujeres agredidas (las que están o estuvieron unidas al agresor por una relación de pareja o ex pareja). Pero no basta, pues hay que transformar las raíces de la violencia machista, por lo que esta Ley, debe de ser aplicada con perspectiva de género que es un mandado imperativo legal, y además ya, debe ser transformada por insuficiente.

El día 25 de mayo se ha proyectado en el Festival de Cine y Televisión Reino de León el documental: Silenciados, cuando los maltratados son ellos . Una vez más vemos como apelando a la «libertad de expresión» se justifica la proyección de un documental donde no solo se cuestiona la Ley Integral Contra la Violencia de Género (2004) sino que sitúa a los hombres como víctimas de la misma.

El documental es una clara expresión del machismo, y que ponen en evidencia como el patriarcado se rearticula y se rearma continuamente. Minimizar la violencia machista y la desigualdad estructural cuestionando las políticas de igualdad es la reacción del patriarcado ante la lucha feminista.

Las administraciones y entidades públicas no pueden ponerse de perfil apelando a «la libertad de expresión», tienen la responsabilidad y la obligación social de la aplicación de las leyes así como mantener la coherencia con sus políticas públicas.

No es admisible que la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León dediquen dinero público a la difusión de discursos machistas y contrarios a la ley de igualdad.

Las voces que conceptualizan a los hombres como victimas tanto de la ley orgánica 1/2004 (Ley orgánica de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género) como de las mujeres son expresiones del machismo que la sociedad debe combatir y las administraciones y entidades públicas no pueden ser altavoces de ellas y menos patrocinar con dinero público expresiones culturales que lo fomenten.

No podemos evitar que la apología del machismo se efectué en canales y medios privados, pero no podemos aceptar que Junta y el Ayuntamiento se hagan eco de discursos machistas y lo patrocinen con el dinero público.

Ya está bien de que el machismo juegue a la confusión, negando, ocultando, desfigurando y desvirtuando todo lo relativo a la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo. No lo vamos a permitir

La vida y la dignidad de las mujeres están en juego y no vamos a dar un paso atrás.