¿Un órdago?

La negativa de la justicia alemana a tramitar la euroorden emitida por el Estado español que solicita la entrega del golpista Puigdemont por su intento de subvertir la legalidad desvirtúa por completo esta herramienta que se concibió partiendo de la convicción de que los 28 socios comunitarios son verdaderas democracias por lo que la seguridad jurídica de cualquier ciudadano está garantizada en todos ellos. La negativa de Alemania constituye una prueba de desconfianza en la calidad del sistema jurídico-político español, una bofetada al Tribunal Supremo que ha cursado la solicitud y una vulneración de los fundamentos comunitarios y del espíritu del tratado de Schengen. En consecuencia, España tendría todos los motivos para lanzar un órdago que zanjase esta desagradable cuestión: si el TS español rechaza la devolución del prófugo sólo por delitos menores, que equivale a avalar su impunidad en los más graves, el Gobierno debería suspender temporalmente su adhesión al Tratado de Schengen, cancelar el uso de la euroorden y restaurar el control de sus fronteras para viajeros comunitarios.