Gobernar hasta el último día
E n los sistemas democráticos, las elecciones periódicas otorgan plena soberanía al electorado para hacer y deshacer a su antojo. Sin embargo, es evidente que quien convoca la consulta, quien ostenta el poder en ese momento, parte con cierta ventaja por razones de visibilidad: está en candelero, controla los tiempos, dispone del Boletín del Estado, maneja el presupuesto. En cualquier caso, la propia historia reciente de nuestro país y por supuesto la de nuestros vecinos evidencian que en la práctica la ciudadanía decide con muchos más elementos en la mano, de forma que convocar las elecciones no significa ni mucho menos disponer de la certeza de ganarlas. Como debe ser, evidentemente.
La disputa se ha suscitado ahora porque Pedro Sánchez se ha manifestado dispuesto a «gobernar hasta el último día» y de seguir legislando como hasta ahora por decreto ley, un tipo de norma que en teoría sólo puede utilizarse «en casos de extraordinaria y urgente necesidad» (art. 86.1 CE). La misma disposición constitucional especifica que tales normas no podrán «afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general». De hecho, el Consejo de Ministros del viernes aprobó dos disposiciones de considerable enjundia, el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y otro de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
La justificación de la «urgencia y necesidad» es subjetiva, y existe larga jurisprudencia al respecto que relativiza el rigor aplicable. En el caso del Gobierno de Sánchez, cuyo mandato había de ser necesariamente breve por la precariedad de su apoyo directo y por la singularidad de su coyuntura, la urgencia ha afectado a la necesidad de revertir las consecuencias indeseables de la crisis económica, que todavía se hacen sentir con crudeza a pesar de que desde 2014 la economía española está creciendo.
La mayor parte de las reformas proyectadas por el actual Gobierno no requieren además dotación presupuestaria alguna. La oposición, que ha mentido una vez más al afirmar que el presidente del Gobierno está actualmente «en funciones» (lo estará al día siguiente de las elecciones generales y no antes), protesta porque, a su juicio, este dinamismo legislativo estaría orientado a ser en realidad parte de la campaña electoral. Casado ha anunciado una denuncia ante la Junta Electoral. Muchos pensamos que valdría más competir en ideas, sugerencias, propuestas y proyectos que entretenerse en estos forcejeos, cuyo abundamiento acredita que en periodos electorales prevalecen también los intereses particulares sobre los generales del país.