EDITORIAL | Mucho por hacer para afianzar a las juntas vecinales

El Real Decreto que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado viene a solucionar la incertidumbre sobre el futuro de las juntas vecinales que había puesto en entredicho la inhabilitación de la figura del secretario vecino. Sin embargo, aunque la noticia merece celebrarse puesto que se palía la inseguridad jurídica a la que llevan un año sometidas las entidades locales menores, no da solución al control sobre la gestión de las pedanías que, como administraciones públicas, deben rendir cuentas a los ciudadanos como cualquier otra. Es aquí donde entra en juego la Junta, que deberá desarrollar la normativa que regule el funcionamiento de los concejos, símbolo antiquísimo del sistema democrático de gobierno en los pueblos. Este es el mandato del Real Decreto publicado ayer y también es una cuestión pendiente que Castilla y León ha ignorado y evitado de forma reiterada. Otras comunidades autónomas con mucho menor peso en el mapa de las entidades locales menores, como Cantabria o Asturias, ya tienen solucionada o a punto la tramitación de esta regulación legal. Es incomprensible que el Gobierno autonómico no haya abordado aún esta cuestión, teniendo en cuenta que, como es sabido, solo en León se encuentran una tercera parte de todas las entidades locales menores del país. Esta misma semana las Cortes enviaron un mandato a la Junta con la aprobación por unanimidad de una Proposición No de Ley defendida por UPL para que vele por la «necesaria supervivencia» de las juntas vecinales. Debería ser una prioridad en la próxima legislatura.