Una legislatura gris marengo

Firmado el decreto de convocatoria de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, que conlleva la disolución de las Cortes y el fin de su IX Legislatura, procede realizar un balance, por sucinto que sea, de estos últimos cuatro años, en los que, a fuer de ser sincero, el resultado global presenta un aspecto cromático situado en las gamas del gris marengo.

La composición del Parlamento, en el que el PP, tras 24 años de mayoría absoluta, ha dispuesto justo de la mitad de los escaños, ha propiciado una situación ciertamente atípica. El gobierno de Juan Vicente Herrera no ha contado con esa mayoría, pero tampoco la oposición ha podido imponerle nada, ya que el PP ha tenido capacidad para vetar cualquier iniciativa que no compartiera, lo que le ha permitido, por ejemplo, desactivar las comisiones de investigación que pretendían sustanciar sus responsabilidades políticas en diversos fiascos del pasado. Esa aritmética parlamentaria ha conducido inevitablemente a un bloqueo, atenuado, eso sí, gracias al colaboracionismo de Ciudadanos, que, consecuente con el pacto firmado al apoyar la investidura, ha ido proporcionando a la Junta el oxígeno necesario para que fuera sacando adelante los Presupuestos de la Comunidad.

La Junta propuso al inicio de la legislatura una serie de pactos «de Comunidad» que sacaran a Castilla y León del declive en el que se encuentra. Pero ninguno de ellos, salvo uno meramente voluntarista a favor de la industrialización, se ha materializado. No ha sido posible obtener del Estado una financiación más justa, ya que ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez han tenido a bien abrir el melón de la reforma de la financiación autonómica. Naufragó una propuesta de reforma del Estatuto que no contemplaba un reequilibrio en la distribución provincial de los escaños de las Cortes, esa que ha permitido al PP disponer de la mitad de ellos tras unas elecciones en las que obtuvo 180.000 votos menos que los sumados por el resto de los grupos. Y ha fracasado estrepitosamente la aprobación de los mapas rurales de la Ordenación del Territorio, que, amen de no concitar el menor respaldo de la oposición, suscitaban conocidas reticencias en el seno del propio PP.

Entretanto, la gestión de la Sanidad Pública se ha convertido en un permanente foco de conflicto a lo largo y ancho de la comunidad, se ha incumplido el compromiso de restablecer el Plan de Convergencia Interior y se ha disparado la deuda pública hasta el 21 por ciento del PIB. Todo ello mientras arreciaba un desplome demográfico que se cifra en la pérdida de más de 154.000 habitantes en los últimos nueve años. ¿Hay quien dé menos?