Diario de León
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Para ilustrar la época electoral, la Audiencia Provincial de León señaló para esta semana el juicio del cielo abierto de El Feixolín. Como si fuera uno más de los hitos que marcan el calendario de campaña, el tribunal sentó en el banquillo de los acusados a Victorino Alonso para juzgarlo por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, cuando en realidad se trata de un proceso en el que se enjuicia la connivencia política, empresarial y social con la que se tejió una de las redes clientelares más tupida de esta provincia. Demorado durante 17 años, el espectáculo resulta aleccionador ahora que se anuncian las urnas. No hay un prólogo mejor para este tiempo que el ofrecido por el propio acusado, quien para que no quepan dudas amparó su defensa en que «en el consejo de administración» de MSP «estaban todos los partidos políticos y Caja España y allí nadie dijo nada». No hay más preguntas señoría.

El juicio sirvió para admirar una vez más las habilidades de un personaje que edificó un imperio desde la escoria de las escolleras, pero que se pasea como insolvente. Un patrón que acumuló más de 7.000 trabajadores, manejados como soldados, que le permitieron jugar con gobiernos nacionales, autonómicos y municipales de diferente color para hacer caja y librarse de todo, pero que ahora se ve como víctima de una campaña mediática. Un magnate que se escuda en que no leía lo que le daban a firmar, a pesar de que nada sucedía sin su permiso, como todo el mundo sabe en Laciana, donde hubo un tiempo en que sus manos eran capaces de tapar el sol para quien se enfrentara a él. Aunque lo interesante para esta campaña se ajusta a lo que aportaron quienes no salen en la foto. Ahí sólo aparece Guillermo Murias, el minero en excedencia que fue regidor de Villablino e icono de la lucha del sector. Aunque en la historia de Alonso hubo otros alcaldes que estuvieron antes y después, como Pedro Fernández o Ana Luisa Durán, quienes sostuvieron tantas veces los planes de Alonso con convenios a medida y resoluciones aplazadas, y directores generales de Minas que avalaron durante décadas las explotaciones y consejeros de la Junta que miraron para otro lado . El sistema estaba engrasado para que la maquinaria extractiva funcionara, con el chantaje laboral como una pistola cargada para jugar a la ruleta rusa. De esta forma, El Feixolín se esquilmó de manera ilegal durante 12 años con la complacencia de los partidos. Estas elecciones han quedado vistas para sentencia.

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