Democracia, politicocracia y tecnocracia

N o es momento de exponer una definición de democracia sino de saber lo que se proclama en el artículo 1º de la Constitución, al decir que España es un Estado democrático de Derecho. Digamos que, para ser democrático, se necesita que esté ínsito en el Derecho. Lo que no sea conforme a la Ley no es democrático. Primera premisa.

En segundo lugar la manera de llevar a cabo ante la sociedad este sistema de gobierno del pueblo (poder del pueblo, como exactamente se deduce de su etimología) se realiza a través de los partidos políticos que concurren a «la formación y manifestación popular» (artículo 6 CE). Pero dentro de esta «concurrencia» se evidencia que es necesaria una actuación jurídico-técnica de la que están ayunos los políticos y, por ello, se requiere este otro poder organizativo que se convierte en tecnocracia.

Para una eficaz actuación ante la sociedad, estos tres sistemas han de ir al unísono. Mejor dicho, tanto la política como la técnica estar al servicio del demos (pueblo). Un pueblo que esté orgulloso de sus políticos, de sus funcionarios, de los que, en fin, han de regir los destinos de la Nación entera. Pues cuando no existe esa confianza, cuando se pierde el valor de los que dirigen, el pueblo se desespera y se desentiende de ellos. O como hacía decir Benavente (La ciudad alegre y confiada ) a ‘Desterrado’: «El mal gobierno es buena disculpa de pícaros y de holgazanes».

Es sabido que la Constitución ordena que para acceder a la función pública es necesario que sus protagonistas lo sean por su «mérito y capacidad». Pero se esquiva la «meritocracia» en varias ocasiones: así, cuando los políticos acceden a la dirección de la vida nacional, es decir, de las sociedad, a través, no examen del mérito, ni bajo el principio de capacidad, ni siquiera con conocimientos de su propia ideología sino por el sistema del mitin y el elogio.

Es cierto que se dice siempre que el pueblo nunca se equivoca, pero lo es también que, por la vía de las urnas se cuelan, a veces, simples sujetos que a la luz de un sistema legal están legitimando esferas personalísimas y espurias. Lo que se puede apellidar como «egocracia». El poder para uno mismo.

También se sabe que el acceso a la función pública de los dirigentes o el personal directivo profesional se atenderá —por Ley— a los principios de «mérito, capacidad e idoneidad». No obstante, habrá que preguntarse: ¿por qué motivos se accede a la política; si por ideales, por ayudar al prójimo, por servicio a la sociedad, por méritos para cuando se vaya al más allá?; o no será por ansia simplemente de poder, o sea por lo que se llama la «libido dominandi». Una simpleza de ansias económicas o de prestigio social. ¿Qué es sino las consecuencias de que muchos políticos se vean procesados por los tribunales por delitos cometidos en su cargo de dirigente? Aquí, o en otros países. Aparecen, así, las dos Españas de las que hablaba Ortega, la España Oficial y la Real: «una que se obstina en prolongar una edad fenecida; y otra, vital, germinal, sincera, honrada, estorbada por la otra».

Otro acceso a la función pública es la de aquellos que son contratados por la vía estrictamente política. Esto es, cuando el político de turno está ayuno de conocimientos técnicos —léase Derecho Administrativo, cuestiones de legalidad, etc.— y se le permite contratar —sin concurso de méritos ni siquiera de capacidad, sino por ser amigo, familiar o colega en el partido— a los denominados «asesores» que concurren con los funcionarios que sí han accedido a un cuerpo de especialidad técnica. Se entrelaza así la política con la técnica; la tecnocracia al servicio de los políticos.

No obstante, hay que decir que nuestra Ley de la Función Pública, en general, requiere que se debe servir «a los ciudadanos y al interés general», desde una exquisita objetividad. Es imposible que se cumplan estos postulados legales en los casos en que la intromisión de los políticos (ideología) se lleva a cabo de una manera fraudulenta o bastarda. Así se llena de política la Administración del Estado, las cámaras de comercio, los medios estatales de comunicación, los organismos contables (Banco de España), las universidades etc. Es decir, no se acude a valorar las vivencias del pueblo sino del partido. Aparece la «politicocracia» como forma de Estado.

En otros países de nuestro entorno existen —tal en Francia, aunque recientemente cuestionada— la Escuela Nacional de Administración en la que se forma la crème de la créme del funcionariado al servicio del Estado, no de las oscilaciones de la política. Cuando ésta se apropia de las decisiones de todo el organigrama de la vida administrativa crea un caldo de cultivo sui generis, alejado de la realidad social. Lo que en los regímenes totalitarios se dice que «todo para el pueblo, pero sin el pueblo».

De tal forma que lo que era una limpia democracia, se convierte en una tecnocracia al servicio de la «politicocracia». Una malformación de la limpieza «formativa y manifestación» de la política; una adulteración de la limpia y brillante ideología. Es decir, los intereses personales parasitando en la sociedad organizada. Ideología deformada por la ignorancia plural de advenedizos —en muchos casos— sin formación ni cultura. De tal suerte que podremos exclamar con Larra: «Entre a gobernar, no éste ni aquél, sino todo el que se sienta con fuerzas, todo el que dé pruebas de su idoneidad».