Tribuna | Los hijos de la ministra
En el Poema Pedagógico de Makarenko, escrito por los años 1933-35 se muestran las dificultades del joven pedagogo comunista para educar a alumnos especialmente difíciles. Su pedagogía del esfuerzo, la superación, la disciplina, la comunidad, la educación empírica y humanista casaban mal con los puristas del comunismo clásico. Sus divergencias con Stalin lo tuvieron bajo arresto en Moscú donde falleció en 1939. Su trabajo en la colonia Gorki y posteriores fueron puestos en valor mucho más tarde y más en Occidente que en los países de la antigua Unión Soviética.
Las declaraciones de la ministra Isabel Celaá tienen resabios del comunismo clásico, mezclado y sazonado con la consiguiente provocación para atraer la atención mediática; pura ingeniería social en la que esta ministra es experta. Señalando que los hijos no son de los padres ha levantado ampollas en los docentes y en los padres; a ello se añade la dimensión proletaria (social que no personal) de Pablo Iglesias para redondear el tema: los hijos se inscriben en el Registro Civil, no en el Registro de la Propiedad. La respuesta desde sectores contrarios no se ha hecho esperar y los memes y artículos contrarios y contradictorios han desatado hasta las plumas más perezosas. Bueno, pero ¿de quién son los hijos? Seguramente habría que responder con la frase de Carmen Calvo sobre el dinero público: no son de nadie. Bueno, sí, al menos hasta que nacen son de la madre. Pero curiosamente todos quieren apropiárselos. El goloso Ministerio de Educación ha sido en todos los regímenes uno de los primeros en los que se marca el campo ideológico, por eso no tenemos leyes educativas que perduren más de un gobierno cosa que sí ocurre en los países más exitosos. Y en este caso el cambio ha sido precipitado y marcando el terreno y las tendencias. El comunismo más purista educaba a los niños fuera del ámbito familiar y dedicaba a los padres al trabajo comunitario con escasa relación entre ellos. El tipo de adoctrinamiento escolar en Cuba y Venezuela es una realidad que posiblemente sea el modelo a copiar ¿Será esta la vía que quieren explorar nuestros gobernantes?
A la primera de las cuestiones la responde en primer lugar la Declaración de los Derechos del Niño de 1959: “El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tiene la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres” (Principio VII). Y solamente en el caso de no ternerlos, “La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia” (Principio VI). Abunda en ello nuestra Constitución que dice en el artículo 27.3: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Por lo tanto son los padres y no el Estado quienes deben decidir esa orientación, si hay discrepancia entre el Gobierno y ellos, como parece el caso. Desde el momento en que se incluyan en los Centros públicos cuestiones referidas a creencias y a moralidad deben ser apartados los gobernantes del tema. El famoso “pin parental” pretende que no se enseñen en los centros públicos cuestiones morales críticas referidas fundamentalmente al sexo, al feminismo y a la religión. Si se respeta en el ámbito adulto la decisión sobre estos temas a cada persona adulta, debería respetarse también en el ámbito infantil la decisión de los padres.
Otra cuestión no menos importante es la cualificación del personal que imparta esas polémicas enseñanzas: no son docentes ni personal del centro. Si para entrar en los centros educativos a hacer las prácticas obligatorias se les exige a los futuros maestros el certificado de penales, no estaría de más que también a esas personas que imparten aspectos extracurriculares se les pidiese lo mismo: titulación y conducta adecuada para estar con menores. es cierto que los órganos colegiados como el Consejo Escolar y el Claustro velarán por las enseñanzas de quien no es personal docente, pero si hay normativa superior, poco pueden hacer sobre la cuestión.
Curiosamente no hay incidencia ni han alzado la voz los centros privados en cuyo Proyecto Educativo se señalan las líneas ideológicas de cada centro que en muy pocos casos son coincidentes con las propuestas ministeriales. Los aspectos polémicos solo afectan a los centros públicos. Cuestiones como la presente les hacen una campaña impagable a los centros privados y concertados que verán incrementadas sus solicitudes de matrícula en los próximos meses al abrirse el plazo para el próximo curso. Por cierto, las hijas de la ministra de la reingeniería social se escolarizaron en un centro católico concertado y con educación segregada por sexos lo que evidencia la discrepancia entre lo que se desea para sus hijas y para el resto de los mortales. ¿Los demás padres están en su derecho de pedir para sus hijos esa misma educación?
Como último aspecto en este apresurado resumen, las actividades objeto de cuestionamiento no son parte del currículum obligatorio común, son complementarias. Hay dos tipos de actividades complementarias: las periódicas, como puede ser una hora más de matemáticas o inglés, para las que no se pide autorización de los padres; y las puntuales, que se realizan alguna vez como visitar un museo o asistir a una obra de teatro y que se hacen fuera del colegio y del horario lectivo, para lo que se necesita autorización de los padres. En este bloque se incluyen las actividades objeto de polémica que bien podrían ser pactadas entre todos los grupos ya que hay muchas de sentido común e igualdad conviviendo con otras sectarias y doctrinales. ¿Para cuándo un pacto por la educación?