Diario de León
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BOLIDÉN no quiere pagar. La empresa sueca que contamino las tierras de Huelva, causando una catástrofe ecológica con vertidos de productos tóxicos, echa balones fuera argumentando que está en quiebra y además que el principal responsable del desastre ni es ella, sino quienes construyeron las infraestructuras de la zona, la balsa derramada. La empresa hizo las maletas, y puso rumbo a Suecia dos barcos cargados de maquinaria. Así que difícilmente se le puede embargar por el monto de la multa. El problema es que han pasado cuatro años desde que sucediera el desastre y la imposición de la multa, y en su momento no se tomó la preocupación de embargar sus bienes. Para más inri Bolidén fue una empresa beneficiada con subvenciones para instalarse en la zona minera de Huelva, y tendrá que ser ahora la Administración, no se si la Junta de Andalucía o el Gobierno Central, quienes tengan que asumir, como responsable civil subsidiario, el pago de la multa por ellos mismos impuesta. Está claro que hay que revisar la legislación, porque no es admisible que las multinacionales se puedan ir de rositas declarándose en quiebra. La protección del medio ambiente, el reaccionar desde todos los frentes cuando se produce una catástrofe como la que afectó mortalmente a Doñana, es también disponer de instrumentos para que las empresas responsables asuman, cautelarmente, desde el primer momento su responsabilidad. Ahora se presentarán recursos en instancias judiciales internacionales, y se comenzará un pleito que dudará años, pero por lo pronto España paga la factura. Esa es la realidad.

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