El Estado terapéutico

EN los países de la OCDE se está desarrollando una singular forma de autoritarismo que podría denominarse Estado Terapéutico. Desde el tabaco al alcohol, los poderes públicos están decididos a proteger a los ciudadanos de sus propios actos en un ejercicio de paternalismo poco justificable. En esta filosofía se incluyen las regulaciones del Gobierno español sobre la publicidad, la distribución y el consumo de alcohol y tabaco. Si el Estado se preocupa por la salud física de la población, también debería ocuparse de la moral, lo que llevaría a justificar la censura. En cualquier caso es necesario decir un rotundo no al derecho del Estado a protegernos de nosotros mismos. Las razones son claras. Si un individuo autónomo y consciente de sus actos decide consumir alcohol y/o tabaco, el Estado no tiene porqué impedírselo. Lo único exigible a las empresas productoras y distribuidoras es una información adecuada de los riesgos derivados de consumir esos productos. Cualquier otra opción atenta contra la libertad individual, supone tratar a los ciudadanos como seres incapaces de tomar sus propias decisiones y además no sirve para eliminar la «adicción» de los consumidores. En el caso de los menores, las familias y no el sector público son quienes deben velar por su bienestar. Las regulaciones-prohibiciones no se han traducido en un descenso de la demanda de esas sustancias en ningún país avanzado. Desde una óptica utilitaria, los consumidores de alcohol y de tabaco pagan en concepto de impuestos mucho más de lo que cuestan a la sociedad. Sanidad gasta por el alcohol y el tabaco un tercio de lo que recibe Hacienda por la venta de esos productos a través de la recaudación fiscal. Por otra parte y, con cierto cinismo, si los fumadores y los alcohólicos mueren antes realizan una contribución a reducir el peso de las futuras pensiones, cuya situación es bastante precaria. ¿Quién da más?