No a la contrarreforma educativa del PP

LAS transformaciones sociales, económicas y culturales experimentadas por nuestra sociedad en la última década, plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar respuesta para mejorar la calidad de la educación. Para ello es preciso realizar un diagnóstico de los principales problemas de nuestro sistema educativo y organizar un debate amplio y participativo que ayude a definir las medidas necesarias para resolverlos. Un debate en el que todos puedan aportar su experiencia y sus ideas y del que surja el mayor consenso posible. Pero lejos de realizar este diagnóstico y promover este debate, el PP ha aprobado en pleno verano su proyecto de Ley de Calidad de la Educación, tras un simulacro de diálogo con sectores de ámbito político, sindical y educativo;y digo simulacro porque la ministra de Educación se ha limitado a mantener contactos con esos sectores para darles a conocer los ejes de su reforma. En realidad ha sido un auténtico diálogo de sordos salvo para sectores vinculados a la Iglesia Católica cuyas demandas han sido atendidas, a saber: más financiación para sus centros mediante ampliación de los conciertos a la Educación Infantil así como un mayor peso para la asignatura de Religión. El gobierno del PP ha fomentado una visión catastrofista de la enseñanza pública sin asumir la más mínima responsabilidad al respecto a pesar de llevar más de seis años gobernando, y sin que la mayoría de las mentiras difundidas -aumento exagerado del fracaso escolar, descenso del nivel de conocimientos del alumnado, clima de violencia en los centros...- estuvieran avaladas por datos y estudios. Ha puesto el sistema educativo «patas arriba» aún cuando no se ha terminado de implantar. Resulta de una prepotencia alarmante intentar imponer «vía rodillo parlamentario» una contrarreforma educativa sin contar siquiera con las Comunidades Autónomas que son las gestoras directas del servicio educativo, y sin contar con la necesaria financiación para su desarrollo, o peor aún, sólo se garantizan recursos económicos para ampliar los conciertos con la enseñanza privada a la etapa de Educación Infantil. Todo un despropósito que es el reflejo de lo que viene haciendo el PP allá donde gobierna: destinar más fondos para la enseñanza privada en detrimento de la pública lo que ha originado ya no pocos cierres de aulas, de ciclos e incluso de centros educativos enteros. Izquierda Unida considera que las medidas necesarias para mejorar nuestro sistema educativo tienen que ir en la dirección de ofrecer una educación de calidad para todos, incluidos los que tienen mayor dificultad para el aprendizaje. Un sistema educativo de calidad debe asumir su carácter de servicio público y el compromiso de elevar el nivel de formación de todo el alumnado sea cual sea su origen social o procedencia y su situación de partida,s in segregar ni limitar sus posibilidades futuras y debe ser un factor clave para combatir desigualdades sociales y medio fundamental para hacer efectiva la igualdad de oportunidades a toda la población. Más y mejor educación para todos es el camino a seguir. Para ello es preciso intervenir a tiempo de superar las dificultades para prevenir el fracaso escolar, incrementando sustancialmente la oferta de plazas públicas en Educación Infantil, desarrollando desde la Educación Primaria actividades específicas de apoyo para el alumnado que presenta dificultades de aprendizaje, y garantizando en la Educación Secundaria Obligatoria una oferta educativa diversa y no segregadora. Se trata, en definitiva, de avanza ren la dirección de que toda la población escolar adquiera la formación básica necesaria, tanto para continuar estudios posteriores como para garantizar, en las mejores condiciones, su inserción social y laboral. Asimismo resulta necesario reforzar el papel de los centros públicos como red vertebradora de la oferta educativa y dotarles de más autonomía. No queremos centros privados con autonomía para seleccionar al alumnado sino que exigimos que los centros públicos tengan mucha más autonomía para organizar una respuesta educativa ajustada a sus necesidades. Identificar calidad con clasificación y segregación del alumnado, como hace el PP, supone apostar por una educación que se limita a reproducir y acentuar las diferencias sociales. Y es imprescindible invertir más en educación y alcanzar la media de los países de la Unión Europea. Sabemos que la mejora de la calidad educativa no es sólo un problema de recursos económicos, pero por los datos disponibles, en España, hoy, es también un problema de medios. Por estas y otras muchas razones, IU se ha unido a cuantas voces han reclamado al Gobierno que paralizase el proceso de elaboración de su Ley de Calidad hasta que no se produjera el debate social previo que se ha venido demandando. Sin embargo, han pasado más de seis meses desde la presentación por el Gobierno del documento de bases y, en lugar de seguir el camino del debate abierto y participativo, ha optado por iniciar el debate parlamentario, haciendo caso omiso de las críticas realizadas por las CCAA, los partidos políticos, agentes sociales y la comunidad educativa, limitándose a recoger las propuestas que ha hecho la Conferencia Episcopal y la patronal de la privada. Además el Gobierno persiste en ocultar la memoria económica de la Ley por miedo a que, por lo conocido hasta la fecha, se detecten las ridículas cantidades consignadas para la mejora de la educación. Por todo ello IU, junto a múltiples organizaciones y colectivos del ámbito educativo y de la sociedad en general, sigue exigiendo al Gobierno que favorezca un debate riguroso sobre la situación de nuestro sistema educativo, que escuche y recoja las aportaciones que se realicen y busque el mayor consenso posible. Nada hay peor para una reforma que no contar con los que después van a ser los protagonistas de los cambios, los profesores, los alumnos, los padres, etcétera... está condenada al fracaso.