TRIBUNA
Madres y trabajadoras
El acuerdo del Gobierno de pagar 100 euros mensuales a las madres trabajadoras con hijos menores de tres años me parece, más un plan propagandístico del ejecutivo que bien se ha encargado de difundir a bombo y platillo que un planteamiento político justo y equitativo dirigido a paliar unas necesidades como es el incremento de los índices de natalidad y reducir la tasa de paro femenino. Es un acuerdo injusto y discriminatorio hacia las madres no trabajadoras. A estas alturas de madurez democrática todavía hay que estar recordando el precepto constitucional de que todos los españoles/as son iguales ante la ley, con independencia de circunstancias políticas, sociales o laborales. Desde este punto de vista para el gobierno las mujeres que no trabajan no cuentan, no les importa aunque sean madres y madres de familias numerosas. Son seres inexistentes porque como no cotizan a la seguridad social no tienen los mismos derechos. No tienen en cuenta que dos de cada tres mujeres dejan de trabajar a tiempo completo cuando son madres. Los datos que aporta la Federación de asociaciones de familias numerosas son irrefutables: el 60% de las mujeres trabaja a jornada completa cuando no tienen hijos, disminuyendo el porcentaje al 14% en el momento de tener descendencia. Y a la inversa el porcentaje de amas de casa asciende del 18% antes de ser madres al 50% cuando tienen un bebe a su cargo. Resulta evidente que la discriminación de la mujer es enorme, sobre todo por su posibilidad de ser madre. Pero si la mujer tuvo que dejar de trabajar según esos datos al ser madre, ¿cómo se puede poner como requisito para cobrar esa ayuda que esté trabajando?. Es un contrasentido y una injusticia. Es fácil discriminarlas porque son la parte más débil de esta sociedad capitalista. Supone un desprecio al valor del trabajo doméstico no sólo desde el punto de visa social sino también mercantil. Con lo que de alguna manera poco se está haciendo por la igualdad entre hombres y mujeres, más si tenemos en cuenta que el paro femenino en España duplica al de los hombres, situándose en torno al 15%. El circulo vicioso es claro: más paro femenino, dedicación al trabajo doméstico que no es reconocido, y como resultado mantenimiento de la situación de desigualdad. Todos los partidos políticos dicen que hay que ayudar a las familias, obligados por la bajísima tasa de natalidad de nuestro país, de los más bajos del mundo, que no garantizan el relevo generacional. Pero se echa en falta un gran pacto de Estado de la familia y un Plan Integral de protección de la familia, en vez de pseudoayudas discriminatorias y excesivamente legalizadas. Actualmente existen agravios dentro de las autonomías, puesto que la deducción en el impuesto de la renta por nacimiento no está en función solamente de la renta familiar, sino del territorio en el que se resida. Nuestros gobernantes no deben perder de vista que un objetivo prioritario ha de ser el incremento de la tasa de natalidad, al igual que la igualdad social en todos los ámbitos entre hombres y mujeres. Por eso no entiendo cómo se puede excluir de golpe a las madres que actualmente no trabajan y tienen hijos. Porque quizá dejaron de trabajar al tener hijos. La actual ley no valora a la mujer como madre en una familia que hay que ayudar, sino a la mujer trabajadora que cotiza a la seguridad social y que es madre. El que una madre trabaje o no depende de múltiples factores, entre ellos la oferta de trabajo, y la remuneración económica del mismo. Los datos sobre el paro femenino y los bajos sueldos que en muchas ocasiones reciben las mujeres por su actividad laboral justifican la situación de muchas mujeres en paro (bien obligado o por no compensar económicamente). Si el estado actualmente no garantiza el derecho al trabajo a las madres tampoco debería pedirlas esa condición para recibir una ayuda por los hijos menores, dentro de un programa de apoyo a la familia e incentivación de la natalidad. España es el país de la Unión Europea que menos gasto social dedica a la familia, un 2,1% de su P.I.B. frente al 8,5% de la media europea. La familia se merece una protección mas generosa y mas global, de conjunto, por lo que no estoy de acuerdo con la ley que a partir del próximo año va a dar «una limosna», a parte de las familias, dicho sea de paso, las de más recursos económicos por el hecho de contar en principio con dos sueldos, dejando en el olvido al resto.