El Estado es el problema

Estos días leemos en la prensa que el informe de la UCO describe la existencia de una organización criminal en la cúpula del partido que nos gobierna. No hace tanto, en la época de M. Rajoy, sea este quien sea, la justicia aplicaba este mismo calificativo a una parte del partido que entonces estaba en el poder. Tampoco se nos debería olvidar el caso Filesa, los ERE de Andalucía, o incluso cuando nos engañaron con la existencia de armas de destrucción masiva en Irak.

Necesitaríamos una cabeza más grande que ChatGPT para ser capaces de recordar todos los casos de podredumbre en nuestra historia política reciente. Parece que, sea quien sea el que nos gobierne, todos acaban por corromperse. En cierta ocasión intervine en una discusión de café, relativa al tema que nos ocupa, para decirle a quien había sido concejal conmigo, en un grupo que nosotros mismos habíamos creado: «¡Manolo, los únicos políticos honrados fuimos nosotros, pero porque no llegamos a tocar poder!» Si a esto le añadimos que, para algunos teóricos de la ciencia política, como Murray N. Rothbard, el Estado es, en palabras del profesor Miguel Anxo Bastos, un «ente criminal, una organización más o menos armada que monopoliza la violencia para extraer rentas de ella; algo comparable a una mafia»; y que el Estado cada vez es más grande y asume más funciones, nos damos cuenta de que la corrupción no sólo es inevitable, sino que crece a medida que lo hace el propio Estado . Hace años, ciertos militantes de un partido gallego decían «ahora nos toca a nosotros» cuando accedieron a gobernar. Era ese mismo partido el que proponía eliminar las diputaciones, por innecesarias y clientelares, mientras que ahora, desde sus gobiernos, las considera imprescindibles, ya que sirven para colocar a personas afines y comprar votos a cambio de favores. Volviendo al profesor Bastos, este afirma que, en las monarquías tradicionales, cuando no había distinción entre Estado y patrimonio personal de los monarcas, éstos también utilizaban la violencia para cobrar impuestos, que después gastaban en sus guerras, palacios y amantes; pero sin atreverse nunca a detraernos más del diez por ciento. El problema llegó con el triunfo del liberalismo, que presupone que el Estado somos todos. Así, los impuestos pasaron a estar plenamente justificados, ya que, al menos en teoría, su finalidad era prestarnos servicios públicos a los ciudadanos. En estas circunstancias, el Estado se atreve a arrebatarnos más de la mitad de lo que ganamos, diciéndonos que es para una sanidad y una educación, hoy en día cada vez más precarias, mientras que, realmente, sirve para alimentar los vicios de una casta política cada vez más numerosa. Además, con el invento de las retenciones a cuenta y el lío de impuestos, directos e indirectos, estatales, autonómicos y locales, nadie sabe realmente cuánto está pagando. El Estado se volvió omnipresente y, como si se tratase de Dios, pasó a escribirse con mayúsculas, cuando no tiene por qué. Es por eso que el profesor Bastos manifiesta su preferencia por una monarquía tradicional, simplemente porque resulta mucho más barata de mantener. La evidencia nos demuestra que a mayor Estado , mayor burocracia, mayor ineficacia y más incapaces gestionando unos servicios públicos, por otra parte imprescindibles, y que bien podría asumir la iniciativa privada (recuérdese el reciente caso de Carlos Mazón y la gestión de la DANA). El paroxismo se alcanza con los «paraísos» comunistas, como bien pudimos comprobar con la URSS y sus países satélites, o incluso con Cuba y Venezuela. Es por eso que nunca podremos dejar la solución del problema de la corrupción en manos del propio Estado ya que, como dice Javier Milei, realmente «¡el Estado es el problema!».