Caso Matadero

L magistrada-juez de Primera Instancia e Instrucción nº 7, María Dolores González Hernando, emplazó a la Fiscalía, a la representación de Mecanipol Máquinas y Equipamientos, S.L. y a la Unión de Consumidores Lancia para que fijen, antes del último día del presente mes, 31, que coincide con la festividad de San Juan Bosco, fundador de los Salesianos, forjadores que fueron de mi primera formación; para que fijen, digo, los hechos y presuntos delitos que se les imputan al ex-concejal popular Emilio Jambrina, al ingeniero industrial Fernando de Prado y Prada, al aparejador municipal Onésimo Pozo y a Germán Gómez-Llera, titular y al mismo tiempo representante legal de la empresa Construcciones Pedralbes, S.A. Las tres partes acusadoras ya se han pronunciado. Coinciden en lo esencial: les acusan de los presuntos delitos de tráfico de influencias, estafa, falsedad y cohecho. Todos piden a la juez-instructora la imputación de los cuatro implicados y la apertura de juicio oral. Las conclusiones ya las tienen sobre la mesa los defensores del «póker» en cuestión. La Fiscalía, además, pide que para solventar las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse de los delitos imputados, depositen una fianza conjunta de 1.200.000 euros (200 millones de pesetas). Y solicita a la instructora que ofrezca al Ayuntamiento de León, como presunto perjudicado, que pueda mostrarse como parte en la causa. Es decir: que si lo estima oportuno, se persone, porque lo que se dilucida afecta a todos los ciudadanos, de los que el Ayuntamiento es garante y guardián. El cerco se estrecha. El caso del matadero ya ha llenado páginas y páginas. Entra, a partir de estos momentos, en su etapa definitiva. La magistrada-juez de Primera Instancia e Instrucción nº 7, María Dolores González Hernando, una vez solventado el trámite de su Providencia, sólo tendrá una respuesta: dictar un Auto decretando la imputación y apertura de juicio oral contra los cuatro implicados, o archivando las querellas. Su actuación habrá concluido. La calificación jurídica, el grado de participación de cada uno, las circunstancias modificativas y la pena serán objeto de debate en el jucio oral, si así se determina. Entonces será el juzgador de lo Penal el que tendrá que valorar las pruebas que aporten acusadores y defensores. Pero eso será en otro momento procesal, no ahora. El de estos momentos se ciñe a que los tres acusadores del «caso matadero» se reafirman en que existen indicios fundados de delitos. No son pocos: tráfico de influencias, estafa, falsedad en certificados, fraude y cohecho, además del de prevaricación, que lo mismo vale para un roto que para un descosido. El «caso matadero», lejos de estar a punto de recoger el polvo de los viejos legajos, empieza ahora.