Hacia una policía privada

NO acontecerá mucho tiempo sin que los ojos y la cartera de los resignados ciudadanos vean consumarse esta punzante realidad. Una auténtica policía privada y al servicio únicamente de quien posea recursos suficientes se avecina con inusitada pujanza. No se trata de ninguna comedia televisiva. El Estado entregará no tardando mucho este bastión a una exclusiva clase empresarial, como ya hizo sin reparos con la educación, la sanidad y otras competencias propias. La situación actual se encuentra tan perturbada que se puede resumir como auténtica y alocada carrera en el sector para ver quién copa cuanto antes la mejor y más apetecible porción de esta espléndida tarta estatal. Las estadísticas sangrantes sobre delincuencia y la degradación paulatina de la seguridad juegan a su favor, todo hay que decirlo. ¿Quizá por dejadez interesada de funciones o falta de medios? Ambas cosas son posibles. Una auténtica legión de miles y miles de hombres uniformados portando revólver, grilletes y defensa en la cintura proliferan, a sueldo de sociedades anónimas del ramo, por oficinas, ministerios, centros comerciales y de esparcimiento, estaciones, puertos, aeropuertos, ferias, acontecimientos deportivos en la calle o cualquier otro espacio donde el dinero todopoderoso pueda alcanzar. A este macroejército armado hay que incorporarle otro análogo, compuesto por vigilantes privados que prestan sus servicios de paisano y con la parabellum presta en la sobaquera. Lo que en círculos gremiales se ha dado en llamar policía secreta a la carta. Semejante situación alcanza hoy extremos realmente alarmantes. Desde las organizaciones representativas de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y también de las policías autonómicas y locales se está llamando la atención ante el deterioro y la gravedad clamorosa del asunto. El vaciado del poder operativo que por vía de socavación velada se pretende hacer desde algunos estamentos y lobbis en los cuerpos policiales, en beneficio de la seguridad privada es, cuando menos, desleal, amoral, ilegítimo e inconcebible. Tanto la Policía como la Guardia Civil han perdido en la última década más de 20.000 funcionarios de todas las escalas y categorías. El envejecimiento de las plantillas es igualmente atroz e irrecuperable. Por el contrario, en ese mismo período de tiempo han sido contratados 29.000 nuevos vigilantes. Es tal el optimismo y la determinación de una buena parte de la patronal y las asociaciones de la seguridad privada, rayando sin duda en la más pura embriaguez freudiana, que están reclamando al gobierno cotas de poder y ostentación impensables en cualquier Estado democrático, social y de derecho. Las reivindicaciones confesables de este colectivo están al alcance de cualquier curioso que quiera leer sus circulares periódicas, sus revistas profesionales o echar un vistazo a sus páginas web en el ciberespacio, fácilmente visitables. Exigen, para los vigilantes jurados que prestan servicio de paisano, tener carácter de agente de la autoridad con todas las consecuencias, una placa-insignia oficial y específica con el escudo constitucional, autorización para portar armas siempre y en todo lugar, incluso fuera de servicio, y la concesión de matrículas falsas para sus vehículos. En la vertiente operativa demandan sin sutilezas poder practicar identificaciones y, llegado el caso, detenciones, así como beneplácito jurídico para restringir la circulación de particulares en las calles. Parecería una broma esta batería de exigencias si no lloviera sobre charco profundo. La Secretaría de Estado para la Seguridad autorizó excepcionalmente en octubre de 2000, que personal de escolta perteneciente a empresas (vigilantes con habilitación) realizasen acompañamiento y protección de personas que en ningún caso tuvieran consideración de autoridades públicas. Dos años después, un auténtico batallón de los denominados policías secretas a la carta guardan no sólo a notorios ciudadanos particulares, sino a cargos institucionales de todos los niveles que, naturalmente, sufraga de su peculio la administración. Sin embargo, a muchas policías locales españolas les impiden custodiar a las autoridades del consistorio. Un vip o cargo medio con escolta privada le viene saliendo a las arcas de Hacienda por unos tres millones mensuales de las antiguas pesetas (6.000 euros). La oficial, ejercida por auténticos funcionarios de policía, no superaría las ochocientas mil (4.808 euros). Es obvio que el respeto que merece el colectivo de empleados de la seguridad privada y sus asociaciones es el mismo que cualquier otro. O sea, todo el del mundo. Nada que objetar a esos miles de jóvenes vigilantes y sus legítimos representantes que todos los días fichan esforzadamente en el turno de mañana o de la noche. Tampoco nada que refutar al honrado y auténtico empresario que con idéntico esfuerzo saca adelante la compañía y crea riqueza y empleo. Sí mucho que rebatir a ese ávido lobby empresarial que esquilma con calculada intriga los despachos del Ministerio del Interior, que trata de influir en el legislador con artes desprovistas de toda ética y, sobre todo, que tiene una concepción de cortijo exclusivo del estado, al que intenta desmantelar por propio interés. Es absolutamente indigno favorecer la ruina de la seguridad pública para luego presentarse como adalid y abanderado de la libertad y la seguridad (privada) con revólver de alquiler al cinto o pistola bajo contrato en la sobaquera. La Carta Magna confiere sin pretextos al Estado la ineludible obligación de ofrecer una seguridad pública igualitaria, universal, de calidad y, por supuesto, gratuita. No obstante, en otros capítulos de la Norma Suprema también se decía lo mismo de la sanidad y la educación. Así las cosas, después del baluarte de la seguridad, el próximo objetivo a desestatificar será el fortín de la justicia. Es posible que algún día el que pueda costeárselo tenga un juez particular a su medida y de pago, por si acaso. ¿Ciencia ficción? Al tiempo. No cabe imaginar mayor deshonestidad de la que no sea capaz la codicia desatada de unos pocos megalómanos.