¿Fin de etapa?

Decir a estas alturas que la acción política del actual presidente del Gobierno español está basada en el oportunismo político, no es descubrir nada nuevo. Desde su etapa de presidente de la Junta de Castilla y León, hasta su llegada a la presidencia del Gobierno de la Nación, pasando por su época de jefe de la oposición -mejor decir «agresor del Gobierno»-, su estrategia política ha estado centrada en la de utilizar cualquier situación en beneficio propio. Esto, en realidad, encubre otra carencia: la absoluta incapacidad de articular un proyecto político global con el que presentarse ante la sociedad; o bien, como se ha denunciado en reiteradas ocasiones, la existencia de un proyecto político encubierto, que no se atreven a presentar ante la sociedad, pero que ejecutan a la mínima oportunidad y que van justificando por la «necesidad» de las circunstancias en cada momento. De esta forma, nos han ido vendiendo sus iniciativas políticas que, en una visión de conjunto no son ni más ni menos que una auténtica contrarreforma, tratando de un lado de borrar la existencia de la etapa socialista y, de otro, de «reconducir» todo lo que supuso el período de la transición política. Y en esta función podemos encontrar una de las claves para entender el comportamiento del presidente Aznar en relación con la crisis de Irak y su alineamiento casi enfermizo con las acciones emprendidas por la Administración norteamericana. Son muchos los historiadores y analistas que sitúan el período de la transición en la¿ poca que va desde la descomposición de la dictadura -visualizada con el asesinato de Carrero Blanco-, hasta la incoporación de España en la CEE, en junio de 1985. Y esto es así porque se cumplía una misión doble: en el orden interno la configuración de un régimen de democracia constitucional; y en el orden internacional la incorporación plena de España a las instituciones occidentales, principalmente la Otan y la CEE. Se pasaba así de la bilateralidad que presidía la política exterior Española desde la década de los cincuenta, a la multilateralidad en cuanto que España actúa en este ámbito como miembro de las instituciones supranacionales a las que pertenece con pleno derecho. Que la derecha española aún no ha digerido lo que supuso la transición política y la posterior política reformista de los gobiernos socialista, tampoco es descubrir ningún secreto. En una primera etapa, con minoría parlamentaria y una situación económica a favor, la gestión Aznar se limita a frenar las reformas puestas en marcha y a gestionar la bonanza económica. Así, sin ofender a sus socios políticos, se presentaba ante la sociedad con una cara moderada y como un «eficaz gestor» público que era capaz de dar respuesta a las necesidades más preocupantes de los ciudadanos. Se iban reemplazando las bases del «estado del bienestar», patrocinado por la izquierda, por la sociedad de las -aparentes- oportunidades defendido por las corrientes neoliberales. Pero hay más; de una manera más o menos oculta se iban cimentando las bases para poner encima de la mesa el verdadero proyecto de contrarreforma política a la espera de una mejor ocasión. Y esta vino en 2000 cuando las elecciones otorgaron al PP la mayoría absoluta. Recordando al ministro de Agricultura, Arias Cañete, la tarea se presentaba como un sencillo «paseo militar». Por otro lado, con una izquierda desorientada incapaz de articular una verdadera labor de oposición ni un proyecto político que se visualizara claramente; la ciudadanía parecía resignarse a una «democracia por delegación» (modelo Cánovas del Castillo), frente a una «democracia participativa». En el orden de la política interior la contrareforma se puso en marcha con sucesivas iniciativas políticas y legales: Ley Orgánica Universitaria, Ley de Calidad de la Enseñanza, modificaciones sucesivas del Código Penal junto con reformas corporativistas de la organización de la Justicia... y una sucesión de medidas que aún cuando iban encontrando progresiva contestación social; esta no era ni mucho menos inquietante. Las encuestas de opinión indicaban que «la venta» de la acción política del Gobierno les era favorable. Ni el rechazo del Plan Hidrológico Nacional parecía inquietar a los líderes de la derecha. Las cosas empezaron a torcerse con el llamado «decretazo» y la respuesta social que obtuvo. El Gobierno daba marcha atrás por primera vez ante el temor de que se pudiera desencadenar una tormenta que minara sus mensajes de «paz social» que presidieron la primera legislatura. A esto le siguió la llamada «crisis del Prestige». La contestación social empezaba a golpear con contundencia los planes del Gobierno. En este contexto se encuentran declaraciones tan increíbles como las del señor Martín Villa, comisionado gubernamental para el caso; anteponiendo unos supuestos «intereses españoles» al esclarecimiento de la verdadera gestión política del suceso. La autoorganización ciudadana a través de diversas plataformas -Nunca Mais, antiglobalización, movimientos ciudadanos...- plantaba cara a la clase política dirigente que cada vez más evidenciaba su nerviosismo. Fue entonces cuando Aznar, convencido de su poderío mediático, se lanzó a una campaña de propuestas populistas, convencido de que podría tapar la contestación social. El inicio de la crisis internacional con el tema de Irak brindaba la oportunidad para dar un paso importante en su proyecto contrarreformista, en el ámbito de la política exterior. Un escenario en el que España actúa dentro de organismos multilaterales, no parecía el más adecuado para obtener el protagonismo personal que se pretendía. En definitiva se trataba -y se trata- de pasar de este multilateralismo, en el que España juega el papel que le corresponde como potencia media, miembro de la UE y la Otan principalmente, a una situación en la que el eje rector de la política exterior girara entorno a la bilateralidad que ofrecen los acuerdos con los Estados Unidos. Se borraba así, de un plumazo, todo el marco estratégico de la política exterior de España en el último cuarto de siglo; con el pretexto añadido de participar en primera línea de un pretendido nuevo orden internacional liderado por USA y su tradicional fiel acólito Gran Bretaña. De esta manera, reconducido el Estado de la democracia y alterado totalmente el papel de España en la política Exterior, se pretendía culminar la labor de contrarreforma y Aznar podía retirarse tranquilo de la vida política convencido de que los deberes estaban hechos. Pero ni en el peor de los casos los ideólogos de la contrarreforma -Jorge de Esteban y otros...- llegaron a pensar que la respuesta social iba a ser tan contundente y tan constante. Las manifestaciones ciudadanas de febrero y marzo sin duda lo fueron contra la guerra y contra la posición española; pero también tienen una lectura más amplia que nos sitúa en un escenario de contestación al conjunto de esta contrarreforma emprendida. La sociedad no se resigna con un modelo de democracia delegada que institucionaliza su voz -más o menos mediatizada- cada cuatro años depositando el voto en las urnas y dejar «la política en manos de los políticos» -como recientemente preconizó el señor Fraga-. La ciudadanía está demandando con una voz cada vez más inequívoca una forma de gobierno basada en la democracia participativa en la se establezcan los mecanismos y los usos políticos para que los gobernantes no puedan desarrollar su actividad al margen o en contra de la voz de los ciudadanos, moduladas en las distintas organizaciones sociales, obligándose a una labor pedagógica. Este aspecto, que cada vez va adquiriendo más relevancia -léanse las convocatorias de Porto Alegre-, debería tenerse presente por quien aspire a convertirse en alternativa política a la actual derecha gobernante.