Sicarios en España

Dicen los expertos en la materia que a los sicarios como a los verdugos se les reconoce fácilmente porque tienen el miedo escrito en la cara. Como frase para prolongar una novela del género negro es adecuada y está bien construida, pero no estoy en absoluto de acuerdo. La única relación del miedo con semejantes especímenes es su parentesco con la violencia. Una modalidad desatada de brutalidad que nos coge a todos con el paso cambiado. Apenas se conocía hasta ahora en España este pavoroso modus operandi de matar por simple encargo. Afortunadamente en nuestra sociedad, como en otras civilizadas, la vida es el bien supremo y tiene valor incluso en los ambientes marginales y delincuenciales más degenerados. Matar a sueldo o sin un móvil concreto nunca fue una práctica conocida en la geografía peninsular. El crimen pasional, la venganza directa, la llamada de la sangre, el arrebato transitorio o la locura es a lo máximo que aquí se había llegado. Asesinar fríamente a la carta y bajo salario constituye una de las formas de perversión suprema, junto al terrorismo, que el lobo sapiens ha conseguido alcanzar en su desequilibrada carrera antropófaga. Se asegura que la maldad es producto de la ociosidad. Puede ser. Sin embargo debemos añadirle los desafueros y las desproporciones sociales como uno de los caldos de cultivo. Nadie se convierte en sicario por vocación. Otra cosa son los psicópatas como enfermos mentales. Las mafias que en estos momentos se están introduciendo en España por la puerta de servicio proceden indefectiblemente de determinados países latinoamericanos y del Este de Europa donde la justicia y el progreso están ausentes a perpetuidad y tampoco se les espera. La extracción social de estos individuos es casi siempre parecida. En la mayoría de los casos fueron niños en la miseria de capitales tan gloriosas como Cali, Medellín, Río o Kiev. En numerosas ocasiones las grandes ciudades deprimidas son el abismo de la especie humana donde las personas viven juntas en soledad y penuria. «La virgen de los sicarios», magnífica novela llevada a la gran pantalla cinematográfica, pone de relieve y denuncia hasta qué punto puede llegar a ser peligroso aquel que no tiene nada que perder, puesto que nada posee; ni siquiera quimeras. Pero estas disquisiciones filosóficas no deben hacernos perder de vista la aborrecible realidad. En España se están produciendo cada vez con más frecuencia muertes por encargo. El verdugo a sueldo recibe el aviso y parte del pago, se desplaza con sigilo hasta el lugar, ejecuta con frialdad calculada a su víctima a la que no conoce de nada, regresa a su país, cobra el resto del estipendio prometido y asunto concluido. Quien le contrató para el trabajo aniquiló a su enemigo o a un adversario molesto con sólo descolgar el teléfono. Un caso extremo de crueldad elevada hasta el infinito se dio recientemente en el centro de Madrid. El sicario, revólver en mano, le descerrajó un tiro mortal de necesidad en la cabeza a un hombre, colombiano como él. El herido agonizaba inconsciente y sin remisión en el asfalto; la muerte era cosa de escasos minutos, quizás segundos. El asesino, sin embargo, comenzó a golpearle con saña para que la víctima pudiera sentir que estaba muriendo. ¿Cabe mayor sadismo? Así la situación, es necesario que se tomen medidas urgentes. No se debe perder tiempo ni ceder un milímetro. Hay que salir al paso de esta barbarie delictiva. No se trata de infracciones penales comunes u homicidios vehementes. Se necesita por consiguiente una tipificación legal aún más ceñida. Los cuerpos policiales españoles y en especial los de ámbito nacional han de atajar estas demostraciones gratuitas de violencia ilimitada. Existen para ello profesionales cualificados en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Únicamente se precisa que el legislador acometa las reformas jurídicas que las circunstancias demandan y que la administración establezca una sólida cooperación internacional que evite el detestable blindaje judicial de las fronteras. Todo ciudadano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La fuerza nunca puede primar sobre el derecho; de lo contrario estamos condenados a la ley de la selva. El Estado, como queda dicho, debe poner en marcha los recursos legales para detener y poner a disposición de los tribunales a estas bandas mafiosas que campan por sus respetos ante el estupor generalizado de la gente pacífica. Es, por tanto, una exigencia razonable y elemental en cualquier país sensible y democrático. Ya nos lo dejaron doctamente cincelado en piedra los jurisconsultos romanos para los anales: la justicia es la permanente necesidad del pueblo. «Dura lex, sed lex».