Y ahora, la batalla de Estrasburgo

CASI HABÍAMOS olvidado que Batasuna está fuera de la ley. Lo habíamos olvidado, porque se manifiesta en la calle, Otegi habla como si tal cosa, y su grupo parlamentario sigue existiendo. Atutxa desobedeció al Supremo, sus equipos jurídicos hicieron filigranas para no cumplir sus decisiones, y aquí no ha pasado nada. Hasta ayer. Ayer se precipitaron tres noticias que nos hicieron exclamar: ¡coño, pero si ese problema está sin resolver! ¡Se nos marcha Aznar y sigue esa patata caliente! Fue cuando escuchamos que el obispo Uriarte no tiene problemas apostólicos que inquieten su conciencia, y condena la «violencia moral» de algunas decisiones políticas y legislativas. Fue cuando vimos que los nacionalistas e Izquierda Unida entienden que Batasuna, ya que existe como grupo, ha de cobrar subvención. Y fue cuando el gobierno vasco anunció que denunciará al español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la Ley de Partidos. Quiere decirse que el nacionalismo -obispos incluidos- funciona como un bloque. Sabe lo que quiere. No da su brazo a torcer. Es tozudo. Y, aunque duela, es coherente: no vive sólo de un discurso negativo, sino que lleva sus convicciones a las últimas instancias. En este caso, el Tribunal de Estrasburgo. Y lo siento por los valerosos constitucionalistas que defienden la libertad en el Pa ís Vasco, pero no basta con predicar que este recurso es un ejemplo de «defensa a ultranza de ETA». Estamos también ante una discrepancia jurídica. Estamos ante una consecuencia de la facilidad verbal con que algunos magistrados y el presidente del TC se pronunciaron sobre este asunto, haciendo posible la sospecha de parcialidad. Y estamos, naturalmente, ante la necesidad de autodefensa de un nacionalismo que no se detiene a preguntar qué mano que mece la cuna del asesino. En este momento, no se puede hacer otra cosa que expresar un deseo: ojalá ese Tribunal dé la razón a las instituciones españolas y declare la Ley de Partidos conforme al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos. Ojalá. Porque, si no lo hiciera, nos encontraríamos con tres consecuencias que no dudo en calificar como desastrosas: nuestro gobierno quedaría como un equipo de autócratas que hacen las leyes que les interesan; el TC quedaría como una institución parcial, que obedece instrucciones políticas y, por tanto, ideológicas; y el entorno que sustenta al terrorismo recibiría un apoyo jurídico que haría inviable cualquier futura persecución legal.