Informe de fin de año

PARA valorar las políticas de los gobernantes, hay que analizar lo que hacen, lo que dicen, por qué lo hacen, por qué lo dicen, y a quién beneficia. Las personas que forman la comisión permanente del Museo del Prado acordaron -hace unos días- comparar un cuadro de Velázquez -fechado en 1650- a un particular por 23 millones de euros (más de tres mil millones de aquellas pesetas). Mientras, según informa Cruz Roja, en esta España de hoy hay 220.000 niños creciendo en un ambiente que los conduce a la mendicidad o a la delincuencia, y, según datos de Cáritas, haya más de ocho millones que viven en estado de pobreza; y cada día hay más inmigrantes obligados a trabajar a bajo salario o a prostituirse en régimen de esclavitud. Sigamos con hechos: El Fondo Monetario Internacional (FMI), que, precisamente, es el que recomienda a los gobiernos que ajusten sus políticas a las reglas neoliberales puras y duras, reglas que cumple el Gobierno de Aznar con celo, en el informe de Noviembre/2003, aprueba la política económica y le pone buena nota por la celeridad de las privatizaciones de empresas y servicios, pero le exige aún más dureza en la política de despidos ¿a dónde quieren llegar? El FMI, aunque piropea al Gobierno, también deja claro que, las ingenierías financieras que utiliza con el dinero público destinado a obras y servicios a través de empresas mixtas o públicas, impiden la transparencia el control del endeudamiento real, del impacto fiscal, la evaluación de los resultados. Por ejemplo, el Gobierno presume a hacer bien las cuentas y de no gastar más de lo presupuestado y se está endeudando a través de empresas, como TVE que acumula una deuda de más de un billón de pesetas y nos dice, con solemnidad el señor Montoro, que liquida el presupuesto con superávit. Podemos citar otras muchas trampas: una muy grave es utilizar fondos dedicados a I+D para comprar armamento; de los 4.402 millones de euros destinados a I+D, el 31,2% se destinará en 2004 a fabricar o comprar armas. Esta desviación reduce la posibilidad de investigar en los programas científicos que mejoran el desarrollo y la calidad de vida; y, no sólo eso, obliga a los investigadores a emigrar o a trabajar sin recursos suficientes. La situación se agrava más si sabemos que este Gobierno destina sólo a I+D el 1% de PIB, mientras la media europea invierte más del 2%. Gastar más en armas y reducir recursos en investigación, sólo lo hacen gobernantes que carecen de sensibilidad científica. Hablan demasiado de la bandera y de la unidad de España y muy poco de la relevancia de la investigación básica y aplicada. La política belicista desarrollada por Bush ha puesto el mundo situación de inseguridad y desencadenado la cultura del miedo y, con ella, la justificación para comprar armas. El ministro Trillo ya ha comprometido más de 4.000 millones de euros para este fin (detrás de estas compras hay operaciones millonarias, no sólo para los que fabrican, sino para los que intervienen en la compra-venta). Parte de esta cantidad la quieren pagar vendiendo los cuarteles. Pensemos que el suelo de los cuarteles fue cedido, en su momento, por los Ayuntamientos. Por eso, es razonable que vuelvan a ellos y se destinen a construir escuelas, hospitales, residencias, guarderías u otros equipamientos. Es un deber de alcaldes unirse y negociar el rescate de este suelo. En la forma de informar y de utilizar la información, y en la forma de contratar los servicios y las obras con las empresas privadas, es como se comprueba si un gobierno es objetivo o gobierna a favor de la clase de élite. Una política económica es aceptable cuando facilita la participación en la producción, en la distribución de los beneficios y tiene efectos positivos en el bienestar y en la calidad de vida de todos, no sólo de unos pocos. Es necesario distinguir el progreso derivado de las nuevas tecnologías y del trabajo que realizamos todos los días los ciudadanos que permite vivir un poco mejor, de lo que hace el Gobierno. Tener mejores lavadoras o mejores coches o mejores cocinas no es obra del Gobierno, sino de las tecnologías y del trabajo que hacemos todos los días y se lo quieren apropiar de este progreso. Hay que saber que la inversión en servicios sociales ha descendido en el año 2000 un 7,2% (último año que tenemos datos comparables para la UE). En este país de maravillas, aunque estamos en la UE desde hace años, mantenemos diferencias notables en salarios y en cantidad y calidad de servicios. Un ejemplo: aquí sólo 1,5% de las personas mayores necesitadas tiene acceso a la ayuda domiciliaria, que, comparado con el 30% en Suecia, el 44% en Dinamarca, un 28% en Finlandia. Estos datos demuestra que los gobernantes carecen de sensibilidad y del sentido de solidaridad, pro eso no han hecho políticas sociales. Cuando nos hablan, insistentemente, de «bajar los impuestos» y de «déficit cero», si analizamos la intencionalidad, comprobaremos que ofenden a la inteligencia: sí nos quieren hacer creer que bajando unos euros el impuesto sobre la nómina (IRPF) nos están beneficiando, debemos pensar que nos están considerando idiotas. Decir, desde el Gobierno, que bajar los impuestos beneficia a los ciudadanos, es la forma más perversa de engañar a la gente cautiva, por impotencia o ignorancia. Pagar impuestos es lo más beneficioso para los ciudadanos si el Gobierno los administra bien y lo destina a prevenir y resolver los problemas, porque con un poco de cada uno, podemos tener buena educación, buenos hospitales, personal sanitario cualificado, buenos transportes, pensiones para vivir dignamente, etcétera. Hay que ponerse a re-rre-rreflexionar, pensar tres veces, cuando nos dicen que las políticas del Gobierno crean riqueza, aumentan los pobres. Según un estudio realizado por Fundación del BBVA sobre «Renta Nacional para regiones», Castilla y León se distancia negativamente, por primera vez en 25 años, de la renta media española. O sea, nos empobrecemos. Puestos a reflexionar, debemos preguntarnos por qué Castilla y León van tan atrás respecto a Cataluña y allí, según las últimas elecciones, el PP paso al cuarto lugar y sin opciones a nada. ¿No será que la política chovinista que hace el Gobierno no la considera adecuada en la región más rica y con más cultura democrática? Con patriotismos y banderas, no se vive. Es urgente, para beneficio de la mayoría y de la salud de la cultura democrática, hacer debates, y si no dejan la televisión tendremos que hacerlos en las plazas públicas para que circule la información educativa y ese segmento de ciudadanos que carece de conciencia cívica tenga la opción de acceder a ella y se de cuenta que no se le puede tolerar un Gobierno que obstruye la pluralidad y los canales de comunicación. Eso sí que es malo para España. Y lo callan.