El agua no es un negocio

EL ABASTECIMIENTO de agua potable en León depende del Ayuntamiento, siendo un servicio rentable que produce anualmente unos beneficios que alcanzan el millón de euros. Así lo afirmó -en declaraciones de 27 de junio de 2003- el Concejal del ramo Sr. Carrera que entonces aseguraba: « el servicio no se privatizará, por funcionar adecuadamente y ser rentable». Entendemos, por lo tanto, que la propuesta actual de titularidad mixta, -o privatización encubierta-, no obedece a criterios de mejora de la gestión, sino a la necesidad de obtener ingresos extras para sanear las endeudadas arcas municipales. Ecologistas en Acción quiere manifestar su postura al respecto, afirmando que el agua no es un negocio y que nos oponemos rotundamente a la privatización, encubierta o no, del abastecimiento de agua potable a la ciudad de León, un servicio de primera necesidad, de interés social incuestionable y que afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos convencidos de que su privatización puede traer consigo consecuencias sociales y ambientales graves y queremos dejar para la reflexión los siguientes argumentos: El agua es un bien escaso que en la ciudad de León se consume con niveles altos, según los actuales criterios de sostenibilidad. A partir de un cierto nivel de consumo, un incremento de este recurso no implica mejora en la calidad de vida, sino simplemente derroche. La ONU habla de no superar los 200 l/persona/día, siendo la cantidad recomendable 150 l/persona/día. Inevitablemente las políticas de agua del futuro inmediato deben pasar , por la utilización racional y el fomento del ahorro. En este sentido, el carácter público de la prestación del servicio manifiesta su superioridad frente a la gestión privada, -siempre lucrativa-, cuyo fin primordial será el de incrementar la cantidad de agua vendida y por tanto, utilizada por los usuarios. El consumo de agua en las aglomeraciones urbanas implica agresiones ambientales y territoriales importantes, embalses, trasvases etcétera. Situación que se ha producido en León: embalse del Porma y trasvase de 33 kilómetros de dicho río a la traída, con afecciones ambientales evidentes. La calidad del servicio que ofrece el Ayuntamiento de León es aceptable y ha mejorado el funcionamiento y la prestación del servicio, gracias al esfuerzo realizado en los últimos años, basado en: la colaboración de los trabajadores; la mejora de la calidad del agua servida a la ciudadanía; una política de tarifas que busca poco a poco el ahorro en la utilización y el mantenimiento de una estructura saneada que se demuestra en la existencia de beneficios; -una labor de control del agua depurada y tarifada; un esfuerzo inversor que se manifiesta en la conducción del ramal del Porma, la estación de tratamiento de Villavente, etcétera. Los esfuerzos del Ayuntamiento en el futuro han de seguir mejorando el abastecimiento, tomando como principio de actuación la reducción de la cantidad y el aumento de la calidad, es decir la racionalización de la gestión pública municipal -contadores individuales, lectura informatizada, búsqueda de menores costes operativos etcétera...-. En la misma línea la utilización de agua por parte de las instituciones públicas debería ser modélica en la puesta en práctica de medidas de ahorro y uso razonable del agua depurada. Existen sectores como lavado de coches, riego de jardines, baldeo de calles,... donde las condiciones de salubridad son sensiblemente inferiores y puede obtenerse agua por reciclado, a partir de recursos de menor calidad en origen y con menor coste de tratamiento. Estudios recientes indican que bastaría someter a las estrictas normas de potabilidad actuales, tan solo un tercio del consumo total del agua, que es la cantidad que entra en contacto directo con las personas. Sabemos que muchas ciudades del mundo, están invirtiendo esfuerzo y dinero en el desdoblamiento de las redes de distribución a fin de que puedan conducir diferentes tipos de agua, habiéndose comprobado que sería perfectamente posible reducir a la mitad el consumo sobre los estándares habituales, mediante la aplicación de técnicas bien conocidas de gestión de la demanda, desdoblamiento de redes y reutilización de aguas depuradas, con niveles de inversión sensiblemente próximos a los convencionales y con costes de mantenimiento muy similares. Actuaciones necesarias en estos primeros años del siglo y que vemos difícil que las lleve a cabo la privatización. No cabe duda del escaso interés que pondrán las empresas privadas en reducir pérdidas mejorando o desdoblando las redes de distribución, pues esto no produce beneficio económico alguno y además el coste del agua suele ser nulo hasta llegar a la potabilizadora, y a partir de ésta tampoco suele se elevado. La calidad de las aguas se encuentra regulada por la legislación vigente. Cuando se trata de valores cuantificables, presencia o no de organismos patógenos, niveles máximos autorizados de determinados compuestos etc..., no existe problema, sin embargo, pa rámetros como el olor y el sabor son valores cualitativos, difícilmente evaluables, existiendo además importantes diferencias en estos aspectos entre unas ciudades y otras. Por ejemplo: Las Palmas de Gran Canaria y Lanzarote obtienen su agua por desalación, la de Arrecife es aceptable, pero la de Las Palmas es inaceptable para el consumo y ambas cumplen la normativa vigente de abastecimiento. Al ser el agua de beber un elemento de primera necesidad, la consecuencia inmediata del mal sabor y olor del agua de abastecimiento es la compra masiva por parte de toda la población, -sea cual sea su nivel económico-, de agua mineral embotellada. La privatización del servicio hace que difícilmente vaya a invertir la empresa suministradora en la mejora de las características organolépticas del agua, al no suponerle mejora alguna en su cuenta de resultados. La despreocupación por los aspectos menos rentables, cual es el mantenimiento del agua en condiciones de máxima pureza, hace que su calidad disminuya y aumente, en consecuencia, el consumo de agua embotellada. Podría darse, -de hecho se está dando en algunas ciudades-, una perversa connivencia de la empresa suministradora, que opera en régimen de monopolio, con otras de producción de agua mineral, siendo esta situación muy difícil de controlar y evitar por parte de los ciudadanos. Ecologistas en Acción siempre ha defendido el establecimiento de un precio para el agua, como elemento racionalizador del consumo, por medio de una política de bloques, que prime el ahorro y penalice el derroche. Sin embargo, rechazamos el precio del agua como un elemento recaudador más, o como fuente de beneficios económicos. El abastecimiento del agua es una función social de primera necesidad y los beneficios de su gestión se han de invertir en la mejora de la calidad del abastecimiento, y no en aumentar la cuenta de resultados de una empresa privada, cuyo fin es ganar dinero. Manifestamos, por lo tanto, nuestra total oposición al agua como negocio y decimos: ¡No a la privatización de este bien público! Finalmente, recordamos que la privatización no figuraba en los programas electorales de ningún partido político y que el autentico talante democrático de esta corporación municipal sólo se demostrará cuando la toma de decisiones salga del diálogo y de una participación ciudadana efectiva, que de momento no existe.