Represalias políticas

SIGUE el frío helador en León. Es tiempo perfecto para la matanza. En los bares, al amor del aire acondicionado y del vino, ayer el tema único de tertulia era la bomba que explosionó en la cafetería Lleras 38. He escuchado de todo. Algunas argumentaciones son peregrinas, otras estúpidas, y no pocas sensatas. Unos se han fijado en la clientela, otros en los vecinos. No faltan los que han buscado tres pies al gato: Que si León, con Rodríguez Zapatero en la presidencia del Gobierno y José Antonio Alonso como ministro del Interior, se ha convertido en objetivo prioritario de la banda etarra; que si en nuestra Universidad, concretamente en la Facultad de Veterinaria, estudia un cupo elevado de jóvenes cachorros de Jarrai; que si esto o lo otro. Majaderos. Los más, sin embargo, sintetizan el atentado en lo que es: una demostración de fuerza de ETA el día en que se conmemoraba en España la fiesta de la Constitución. Han venido a decir: nos han guillotinado a los dirigentes, pero nos queda aparato para sembrar de muerte al país. La lucha y el pulso no han terminado. Continuamos siendo, a poco que nos lo propongamos, un arma mortífera de gran dimensión. Y punto. La respuesta ciudadana ha sido ejemplar en León. Como en las otras seis ciudades donde el terror remitió su cronómetro de miedos. Porque las siete bombas etarras sólo buscaban sembrar el miedo. Y el miedo siembre es cobarde. No podía ser de otra manera. También tras la moción de censura en el Ayuntamiento de León se avivaron los temores entre los firmantes del nuevo pacto municipal y, sobre todo, en la derecha económica. Suponían que el cambio de gobierno en la capital derivaría en un frenazo en seco a las inversiones previstas por el Gobierno central para León. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha apresurado a desmentir, a través del ex-corregidor Francisco Fernández, que se vayan a producir represalias políticas por el injustificado cambio en el Ayuntamiento de León. Los que temían que se produjeran esas represalias políticas no lo hacían sin fundamento. Están acostumbrados a ver cómo desde la Junta de Castilla y León se discrimina negativamente a ayuntamientos que no están gobernados por su partido. Y ,además, las discriminaciones son reiteradas. Por eso resulta pertinente las declaraciones en lo que afecta al Ayuntamiento de León. Pero deben aplicarse las mismas varas de medir, los mismos criterios, para la Administración autonómica respecto a todos los ayuntamientos. No se puede continuar con la costumbre de aplicar la ley del embudo. Es decir, a los de mi partido, todo; a los adversarios, nada; y a los indiferentes, la legislación vigente. En la aplicación de ley del embudo hubo un diputado provincial socialista que, quizá por ser sastre, no daba puntada sin hilo. Esos criterios, especialmente aplicados en el reparto de los Fondos Miner y en ayuntamientos mineros, son la causa fundamental del malestar existente en las cuencas mineras leonesas contra la Junta de Castilla y León. Ven represalias políticas.