Se acabó el reparto

LA TEATRALIZACIÓN de la política y las luchas personales de poder, con frecuencia ocultan problemas de mayor alcance, que inciden más en la vida colectiva de los ciudadanos. En las últimas semanas, la confrontación política registrada en el Ayuntamiento de León, como consecuencia del cambio en la alcaldía, ha ocultado otros asuntos que sin duda alguna tendrán una mayor repercusión en la vida diaria en los próximos años. A título de ejemplo, es suficiente citar aspectos como el nuevo castigo que se cierne sobre la producción de carbón, la amenaza en torno a los precios de los productos agrarios o la supresión de las ayudas europeas como consecuencia de la irreversible reducción de los Fondos Estructurales, los Fondos de Cohesión y las modificaciones de la Política Agraria Común. En el año 1993, la Junta de Castilla y León y los agentes sociales (sindicatos y organizaciones patronales) firmaron un pacto que posibilitó la creación de la Agencia de Desarrollo Económico, responsable de articular y distribuir las ayudas que pudieran incentivar la creación de industrias. Ocho años después se formalizó el llamado Diálogo Social, ya con Juan Vicente Herrara en la presidencia de la comunidad, con el fin de afrontar el debate sectorial de una serie de asuntos que preocupaban en aquellos momentos y que siguen estando en la actualidad: Inmigración, políticas sociales, salud laboral, infraestructuras, vivienda, etc. Ricos muy pobres En la misma línea de debate, el pasado viernes se constituyó la Mesa de Política Industrial. El objetivo es la firma de un Pacto de Desarrollo Industrial para Castilla y León, previsiblemente en la primavera del próximo año. Hasta aquí los aspectos formales de la situación y del debate. Naturalmente en el fondo subyace el problema al que se pretende dar respuesta, que no es otro que el cambio de la política económica comunitaria. España dejará de recibir los Fondos Estructurales porque ha sobrepasado el 95 por ciento de la renta media de la Unión Europea, entre otros motivos porque acaban de incorporarse diez países más pobres que nosotros y, consecuentemente, han bajado el listón general. Es decir, no somos más ricos que antes, pero estamos mejor que la media del resto de nuestros socios en la Unión Europea. Consecuentemente, nos corresponde a partir de ahora ser un país que aportará más de lo que espera recibir de las arcas comunes de la UE. Circunscritos a Castilla y León, una situación similar es la que se plantea respecto a los Fondos de Cohesión, cuyo reparto se realiza directamente entre las regiones de Europea de acuerdo también con unos parámetros de renta. Hasta ahora, Castilla y León ha venido recibiendo importantes cantidades de dinero porque nuestra renta era inferior al 75 por ciento de la media europea. Esa cifra ha sido superada, con el agravante de que en este caso no ha sido como consecuencia de la incorporación de regiones más pobres, sino por méritos propios. Sin la ampliación de la UE, Castilla y León también habría superado el 75% de la renta media. Esta situación, que nos puede llenar de orgullo, resulta que también nos castiga en mayor medida, porque de haber superado el listón por efectos estadísticos aún nos cabría el consuelo de una reducción menos trraumática, más progresiva. Los políticos se habían negado a reconocer abiertamente la crudeza de esta situación. Sin embargo, la convocatoria de la Mesa abierta esta semana ya no oculta la inquietud ni los objetivos. El representante de Comisiones Obreras, José Vicente Herranz, definió perfectamente la situación. Hasta ahora -vino a decir a los periodistas- las mesas que se han constituido estaban orientadas al reparto de partidas en política social o empleo, ahora se trata de abordar iniciativas que contribuyan a la generación de riqueza, que es tanto como decir actividad industrial. En el primer encuentro también se ha puesto sobre la mesa el desequilibrio que existe en la comunidad y la necesidad de abordar políticas que lo corrijan. Hay que evitar que la industria se concentre únicamente en el eje Burgos-Palencia-Valladolid, como ha ocurrido en los últimos años en menoscabo del resto de las provincias. Carbón, ni un paso atrás A nadie se le oculta que tan importante como crear industrias, es no destruir el tejido existente. En este sentido, León no se puede permitir ni un paso atrás en la defensa de la minería del carbón. La propuesta sobre asignación de emisiones que pretende llevar a cabo el Gobierno, como consecuencia de la aplicación del compromiso de Kioto (curiosamente no firmado por los países más contaminantes del mundo, como son Estados Unidos y China) pone en peligro la continuidad de las minas. Para los lectores menos avezados en estas cuestiones, digamos que a cada central térmica (o cualquier otra industria, no a la empresa en su conjunto) se le ha asignado un cupo de contaminación. Si lo supera, tiene dos opciones: invertir para limitar el nivel de contaminación o comprar derechos a otras empresas que contaminan por debajo de los niveles permitidos. Es evidente que con una u otra fórmula, el precio del kilowatio producido con carbón se encarece. Las plantas de carbón ya no sería rentables, quedan fuera del mercado. Consecuentemente, las empresas se verán obligadas consumir carbón por debajo de su capacidad de combustión para evitar sobrepasar los cupos de contaminación atribuidos. Se calcula que en León el problema se traduce en un millón y medio de toneladas en una primera fase. Es decir, asistimos a la desaparición de la minería. Con la natural prevención que conlleva cualquier compromiso expresado por los políticos, el último encuentro de los empresarios con representantes del Ministerio de Industria abre una puerta a la esperanza. El secretario general de la Energía Antonio Fernández Segura, manifestó a los agentes económicos y sociales del sector que el Gobierno se compromete a tutelar el cumplimiento del Plan del Carbón, que concluye en el año 2005, al tiempo que garantizará el cumplimiento de los contratos de suministro hasta el año 2012. De momento no ha desvelado la fórmula, pero no parece que existan otras diferentes a las ayudas directas al consumo de carbón o a la producción de energía a partir de este mineral. El gobierno no quiere modificar las reglas establecidas para el cumplimiento de los compromisos de Kioto, lo que significa que a corto plazo el castigo por el exceso de emisiones ha de paliarse con algún tipo de compensaciones que impida trasladar al precio del kilovatio el sobrecoste de producción. Pero tampoco cabe engañarse. La amenaza seguirá presente, razón por la cual han de ser impulsados con mayor ahínco los planes de industrialización alternativa de las zonas mineras. Hasta ahora, la política desarrollada ha dado escasos frutos. Se supone que del fracaso algo se habrá aprendido.