Pensiones con prima

LAS PENSIONES ya no serán las mismas en cualquier rincón de España. En el Congreso se ha llegado esta semana a un acuerdo, impulsado por los nacionalistas y al que no se ha sumado el PP, en el que se da vía libre a que las pensiones, contributivas o no contributivas, puedan ser complementadas por los Gobiernos autonómicos. Los complementos ya eran legales para las pensiones no contributivas o asistenciales, que son las que se financian con impuestos y buscan que no caigan en la miseria los ciudadanos con menos recursos económicos que no reciben una pensión de la Seguridad Social, porque no cotizaron nada o lo hicieron insuficientemente. La novedad es que los complementos también van a poder aplicarse legalmente a las pensiones contributivas (jubilación, incapacidad, viudedad, etcétera), que no se financian con impuestos, sino con los pagos que trabajadores y empresas hacen a la Seguridad Social. El PP no está de acuerdo y cuando estuvo en el poder vetó esos complementos, con la justificación de que no debía romperse el principio de igualdad entre los españoles, pero ignorando que los Gobiernos autonómicos tienen el derecho, y la responsabilidad, de decidir cómo se gastan su dinero, si en mejorar las pensiones, o en más educación o en mejores carreteras. El cambio que está en marcha es acertado, aunque legalmente no podrá hablarse de complemento de pensión y los complementos se presentarán como ayuda al transporte, a la vivienda o a lo que se les ocurra a los políticos de turno, amparándose en que las autonomías son competentes para dar ayudas sociales. Lo que hay que pedir es prudencia y que esos complementos se paguen con impuestos propios, quedando las comunidades autónomas fuera de los mecanismos de recaudación y gestión de las cotizaciones sociales y de pago de las prestaciones, y evitando así el riesgo de ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Además, esas ayudas sociales no deberían utilizarse como arma electoral para comprar votos o para romper la solidaridad, acrecentando las diferencias entre regiones ricas y pobres. No olvidemos que la polémica sobre los complementos de pensiones arrancó en 1999 cuando Chaves aumentó por su cuenta, en vísperas electorales en Andalucía, el importe de algunas pensiones. Por otro lado, el artículo 41 de la Constitución garantiza los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad del sistema de pensiones públicas, y si se transfiere solidaridad intergeneracional, también se debe tutelar la solidaridad interregional. Tomemos nota de todo esto.