Diario de León
Publicado por
CÉSAR A. DE LOS RÍOS
León

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LA IMPOPULARIDAD del Fiscal General del Estado crece por momentos y no porque se esté comportando con un entreguismo mayor al Gobierno que cualquiera de sus predecesores en el cargo sino porque se le está exigiendo desde Moncloa un comportamiento de mayor permisividad en las relaciones con Batasuna y sucedáneos y una colaboración muy comprometida con las instituciones y personas próximas al poder. Por resumir, el fiscal general ha tenido que cerrar los ojos ante el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV). No contribuyó a su ilegalización a pesar de lo que pedían, en primer lugar, el sentido común y después los informes de la Guardia Civil. De este modo permitió que este fantasma sin militantes y sin sedes haya podido garantizar la presencia de próximos a ETA en el Parlamento Vasco. De este modo, sí cabe decir que los fiscales generales del Estado han servido siempre a los intereses de los gobiernos, en este caso lo hacen en una cuestión tan grave como es en una errónea política antiterrorista. Nunca un fiscal general del Estado se comprometió tanto con el Gobierno. Estamos hablando del respeto a la Ley de Partidos y al Pacto por las Libertades. Estamos hablando del ser o no ser del Estado de Derecho. Pero no se agotan en este punto las responsabilidad del fiscal general. No pasa un sólo día sin que el señor Conde Pumpido tenga que salir en defensa del Gobierno más que en amparo de los ciudadanos. Sin duda el asunto más escandaloso ha sido el relativo a la supuesta agresión al ministro de Defensa José Bono con ocasión de la presencia de éste en la primera manifestación celebrada en favor de las Víctimas del Terrorismo. A la luz de la sentencia del juez, ciertamente salomónica, en la que ni se dan pruebas de la existencia de un delito de agresión al ministro Bono y en la que se absuelve a los dos militantes del PP acusados de haber cometido ese delito, la actuación del fiscal general ha sido la de quien se desentiende de la misión de perseguir el delito y defender a los ciudadanos. Por tratarse de un hecho muy comprensible por la ciudadanía, el

ha llevado la institución del fiscal a un alto grado de desprestigio. Sin duda está en cuestión, más que nunca, la Fiscalía General del Estado pero sería una abstracción imperdonable no ver, detrás de las responsabilidades institucionales, las personales del señor Conde Pumpido.
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