El uso de los secretos

UN ROCE INSTITUCIONAL menos. El gobierno, en l o que presenta como un gesto de generosidad, ha acordado desclasificar algunos documentos reservados relacionados con el 11-M y remitirlos al juez. La vicepresidenta Fernández de la Vega justificó la decisión por el «carácter excepcional» de la instrucción. Quiere decirse que, si se tratara de otro delito de menos cuantía, el gobierno no habría sido tan generoso. Los papeles y documentos que tiene el gobierno, a través del CNI o del Ministerio del Interior, le pertenecen y no tiene por qué cederlos. Ni siquiera a la Justicia. Legalmente es así, pero no cabe duda de que estamos ante un privilegio, por no decir un exceso de atribuciones del Ejecutivo, que podría conducir a esta barbaridad: un ciudadano es acusado de un delito; los servicios secretos poseen documentación que prueban o desmienten su responsabilidad o incluso su autoría; pero el Ejecutivo la puede retener y negar, influyendo de forma decisiva en la sentencia. Sólo si el hecho es excepcional -192 muertos-, se siente obligado moralmente, no por obligación legal, a entregarlos al juez. Es un supuesto extremo, naturalmente. Pero acabamos de ver que posible. Si cambiamos de escenario y nos situamos en el Poder Legislativo (las Cortes), la situación es peor. Ni «carácter excepcional» ni «incidentes gravísimos». La Comisión Parlamentaria que estudió los mismos hechos que el juez Del Olmo, hizo idéntica petición, pero los documentos le fueron negados. Ahí no se decidía la ninguna responsabilidad penal; pero los documentos que ahora se envían al juez, vistos sus enunciados, eran importantes para establecer responsabilidades políticas, porque hablan del riesgo de atentados islamistas, investigaciones sobre la circulación y venta de explosivos y otros informes de la policía y los servicios de Inteligencia. Tal negativa tuvo consecuencias, y alguna de ellas muy grave: demostró la incapacidad del Parlamento español para investigar; nos dejó a todos con la sensación de inutilidad de este tipo de comisiones; nos ofreció el espectáculo de un clamoroso partidismo, y ahora vemos cuánto esfuerzo se derrocha de forma inútil. Gran parte de las largas horas de interrogatorio, y desde luego mucha tensión política, se podrían haber ahorrado si el gobierno hubiera sentido parecida obligación que la sentida ante la demanda del juez Del Olmo. Aquí sí que se demuestra que «la información es poder». Si un gobierno, cualquier gobierno, cede los documentos reservados que tiene, pierde parte de ese poder. Lo malo de este caso es que los pagamos todos y sólo los gobernantes se benefician de ellos. ¿Siempre para el interés general del país? No se lo cree ni la señora portavoz.