Atutxa

ESPAÑA es un país en el que toda sentencia judicial puede ser rechazada por entender que está adulterada por la política. Será cuestión de tiempo -y de consolidación de nuestras instituciones de Estado de Derecho- lograr que la Justicia sea irrebatible. De momento, la polémica está servida por la sentencia del Tribunal Supremo del País Vasco que absuelve a Juan María Atutxa y a otros miembros de la Mesa del Parlamento Vasco de un delito de desobediencia al Tribunal Supremo. La Justicia puede ser la prolongación de la política para discernir diferentes interpretaciones de la ley con la sola condición de que su arbitrio sea respetado. De lo contrario, recurrir a los tribunales para sólo considerarlos cuando satisfacen las posiciones propias es un desgaste de energías y un descrédito del sistema democrático. La Justicia tiene vías de recurso para los insatisfechos que llegan hasta el Tribunal Constitucional e, incluso, al de Estrasburgo o La Haya, cuando se considera que no se han atendido los convenios internacionales. Pero mientras se consuman los procedimientos, la prudencia debiera ser la norma de todos, pero sobre todo de los dirigentes políticos. Está claro que en la era de gobierno de José María Aznar se avanzó en aspectos sustantivos de la lucha contra el terrorismo, pero también habría que considerar que durante ese mandato se fortalecieron las tesis nacionalistas, por el principio de reacción al intento de criminalizarlas. No hay más que repasar los resultados electorales para comprobar que la radicalización en el rechazo del nacionalismo democrático es el caldo de cultivo más preciado para quién utiliza el victimismo como factor de crecimiento.