Contrasentidos

LOS AGRICULTORES han conseguido un acuerdo histórico, según lo califican las organizaciones firmantes y la ministra del ramo, Elena Espinosa. Habrá gasóleo profesional a partir del 2007, lo que significa la posibilidad de resarcirse del Impuesto Especial de Hidrocarburos, al tiempo que se incrementa el IVA que se aplica a los productos agrarios en un punto (medio para los ganaderos), porcentaje que pasa directamente a los agricultores. Estas medidas afectan a la recaudación y aunque su entrada en vigor no se prevé hasta dentro de tres años, supone un efecto negativo directo sobre la recaudación del Estado. Claro que no es esta la interpretación que hace Asaja, sindicato que no firmó el acuerdo y que, además, ha acusado a COAG y UPA de haber vendido el campo al Gobierno socialista a cambio de beneficios ocultos. Entiende Asaja que no hay mejoras a corto plazo y que las previstas para dentro de tres años llegarán si Bruselas no cambia la fiscalidad y si para entonces tampoco se han producido cambios en los resultados electorales en España. COAG y UPA han exigido a la dirección de Asaja que retire sus acusaciones, salvo que pueda demostrarlas. Resulta curioso que en esta guerra intersindical a nadie se le ocurra pensar que la solución del problema del campo no llegará a través de las ayudas públicas, sino mediante el cambio de la política comercial. Esta misma semana hemos sabido también que los sindicatos mineros quieren que se apliquen a los trabajadores de exterior las mismas condiciones en las prejubilaciones que para los de exterior, lo que significa que podrían dejar el trabajo cumplidos 42 años (en el supuesto más favorable), cobrando prácticamente el sueldo íntegro. En Antibióticos hace semanas se firmó también un acuerdo con prejubilaciones sustanciosas y otras empresas de gran tamaño realizan ajustes de plantilla con el beneplácito y la aportación de las administraciones, lo que significa dejar en casa a trabajadores con sueldos elevados y contratar a recién licenciados con la política salarial que alguien ya ha bautizado como de «todo a cien». En Cataluña se ofrece rebajar el precio de los peajes de las autopistas para compensar otras rebajas en las pretensiones del Estatuto y de paso, tal vez, poder justificar la disminución de las tasas de la AP-66, León-Asturias. En este asunto Izquierda Unida reclama protagonismo. Este partido anuncia la presentación de una enmienda a los Presupuestso del Estado que prevé una dotación de 10 millones de euros anuales para rescatar la autopista y suprimir el pago del peaje. El apoyo anunciado por el PP garantiza la aprobación de esta iniciativa en el Senado, si bien no tendrá virtualidad práctica sin que el Congreso de los Diputados la ratifique en última instancia. Así que a partir de ahora se verán movimientos políticos sorprendentes en una beneficiosa apuesta para Asturias y León. Los sindicatos y la Administración del Estado alcanzaron un acuerdo en virtud del cual los funcionarios con hijos podrán disfrutar de una serie de ventajas que les permita «conciliar» la vida laboral con el cuidado de los vástagos. Resulta evidente que estas medidas no tardarán en ser trasladadas a la empresa privada, alguna de las cuales, sin embargo, ya han comenzado a aplicar políticas de «conciliación» desde hace tiempo. El acuerdo se ha gestado en silencio, tan calladamente como el hecho de que los funcionarios trabajen después de las seis de la tarde. De esto último la mayoría de los españoles nos hemos enterado ahora. Contrasta esta política dadivosa con otras noticias que entran en abierta contradicción con la realidad social. Tomemos dos referencias distantes geográficamente. En Bruselas, por ejemplo, la Presidencia británica propone que la actual limitación de la jornada laboral de 48 horas semanales se amplíe hasta las 65. El ministro Caldera ya ha anunciado que España se opone a esta medida y considera que la actual limitación de las 40 horas de España no es modificable. Los promotores de la medida creen que con más horas de trabajo se puede contrarrestar mejor la competencia productiva que llega de Asia. El mismo día conocíamos en León que la edad media de los «sin techo» ha bajado de los 45 años. La mayoría de los indigentes que son acogidos por los albergues municipales son personas que no sólo carecen de empleo, sino que además sus posibilidades de encontrar trabajo son escasas y corren el riesgo de entrar en ese «carril» del desahuciado social al que le espera, en el mejor de los casos, el asilo para indigentes, «cuando ya no puedan más». Los últimos datos estadísticos sobre ingresos familiares ofrecen un panorama bastante desolador. Uno de cada cinco españoles (León puede situarse también en esa media) vive por debajo del umbral de la pobreza. Responden al estereotipo en este ranking de la pobreza aquellas personas que viven solas, con unos ingresos inferiores a los 6.300 euros, o con el doble de esta cifra si se trata de familias de dos adultos y dos niños. Alguna pieza parece descolocada en esta sociedad. Personas a las que se prima por no trabajar de forma muy generosa comparten las calles, aunque se desconocen, con indigentes que no han tenido la oportunidad de subirse a uno de esos carros que propician y oficializan la bicoca. El Bloque Nacionalista Gallego también pretende la consideración de nación para la comunidad vecina. Resulta lógica la ambición de los nacionalistas gallegos después de lo ocurrido en Cataluña. El término nación puede ser la cortina de humo que oculte distintas demandas y al final otras concesiones. Cortina de humo en la práctica parece también la pretensión anexionista de territorios vecinos. El proyecto de Estatuto del Bloque gallego dice que «podrán incorporarse a Galicia aquellos municipios limítrofes de características históricas, culturales, económicas y geográficas análogas, mediante procedimientos democráticos que serán regulados por ley». Este artículo ha causado notable revuelo en Asturias y Castilla y León, lo que ha obligado al radicalismo gallego a precisar que no tienen ideas anexionistas, y que únicamente pretenden dejar la puerta abierta por si algún vecino de Asturias y León en el futuro quieren cambiar de comunidad. Es curioso que este debate se produzca precisamente después de que la Diputación de León haya logrado «ampliar» su territorio gracias a sendas sentencias judiciales que devuelven a la provincia márgenes en su día usurpados por Asturias, en Cabrillanes y Leitariegos. Y es que ciertamente León ha crecido en territorio. Así y todo, no parece que los celos sean el motivo por el cual ahora la comunidad vecina pretenda lanzar anzuelos estatutarios por si pesca algún trocito de los Ancares.