¿Pero el artículo 8º está ahí

SI NO tuviéramos la historia golpista que tenemos detrás, el discurso del teniente general José Mena quizá no tendría tanta repercusión. En consecuencia, el ministro de Defensa no se habría visto obligado al ejercicio de autoridad que supone el arresto domiciliario y el anunciado cese del alto militar. Digo esto porque, leído el discurso con calma, y lejano el primer impacto emocional, el general Mena ha hecho una defensa de la Constitución; ha mostrado preocupaciones profesionales de las Fuerzas Armadas y consideró «impensable» que el Estatuto de Cataluña rebase los límites constitucionales. Sólo si esos límites fueran sobrepasados, sería aplicable el artículo 8º. Pero la historia militar de España es la que es, y se ha disparado la alarma. Lo que queda para la crónica es que el teniente general José Mena amenazó con la intervención del Ejército. El recuerdo del golpismo ha podido más que la literalidad de las palabras. El resto lo puso el frenesí de los partidos: un PP empeñado en culpar al gobierno actual del renacimiento del ruido de sables; un PSOE que aprovecha para culpar al PP de fomentar el malestar militar con su mensaje de ruptura de España, y unos exaltados independentistas que encuentran otro motivo para fomentar el victimismo. Todo eso tiene mucho de exagerado y de uso partidista de unas palabras. Pero hay otra lectura, que se impone en este momento, dada la alarma social provocada. Esa lectura es la siguiente: por mucho que el general haya intentado matizar su mensaje, es evidente que no es ni puede ser el Ejército quien marque las condiciones de su hipotética intervención, ni es de recibo que un acto como el del día 6 sirva para anunciar nada menos que la posibilidad de una actuación militar. Dado que el Estatuto se encuentra en trámite parlamentario, la simple mención de esa posibilidad supone que algún mando del Ejército entiende la democracia española como una «democracia vigilada». Eso no lo puede aceptar ningún país. Y menos, un país con las experiencias de España. Ante eso, Bono actuó correctamente. La impunidad habría abierto un resquicio a sabe Dios qué interpretación. Un simple artículo inconstitucional del Estatuto estaría legitimando una actuación de las Fuerzas Armadas. Con la misma claridad, hay que decir que el general Mena ha mencionado la bicha. Por mucho que tapemos los ojos con la alusión a la disciplina, el artículo 8 está ahí. Ignoro cómo se puede aplicar, ni cuál es su fuerza de intimidación o provocación ante los nacionalismos. Pero está ahí. En toda su vigencia. Y el general Mena sólo ha sido el autor del cuento que decía: «¿ y cuando se despertó, el dinosaurio seguía allí». Cada cual que lo entienda como quiera.