Obsesión por el consenso

EN SU TRADICIONAL discurso de Navidad, el Jefe del Estado suele limitarse, cumpliendo con el papel institucional que le corresponde, a enumerar lo que a su juicio son los principales problemas del país y a formular algún que otro desiderátum. No se le puede ni se le debe pedir que establezca los vínculos entre los problemas y sus causas y mucho menos que explicite las alternativas para solucionar aquellos. Ésa es una responsabilidad que la Constitución reserva al Gobierno y a los partidos políticos. Sin embargo, en esta ocasión el Rey no sólo enunció los problemas más relevantes de España, sino que invocó una y otra vez el consenso como la estrategia idónea para abordar todas y cada una de las cuestiones que afligen al país. Y eso no me parece ni realista ni didáctico. Es cierto que un proyecto político sólo merece la pena si se asienta en sólidos principios morales. Pero a menudo esa condición, siendo imprescindible, no resulta suficiente. Un verdadero proyecto político necesita contar además con un riguroso análisis de la realidad y con una estrategia que, siendo coherente con aquellos principios, permita conseguir los objetivos que se proclaman. Dicho en otras palabras, el compromiso con unos valores no garantiza por sí solo que la estrategia elegida sea la acertada. Ésta es por definición discutible, está permanentemente sujeta a revisión y, por tanto, jamás puede ser elevada a categoría moral. Un problema no tiene una única solución. Por eso en las democracias modernas las fueras políticas presentan sus alternativas diferenciadas, que se corresponden con sus diferentes concepciones de la economía, de la sociedad y del Estado. Por eso las constituciones democráticas no sólo garantizan la alternancia en el poder, sino también la posibilidad de poner en práctica alternativas sociales diferentes. En democracia, el consenso no pude sustituir permanentemente a la necesaria confrontación democrática entre las diferentes corrientes políticas. Claro que una cosa es una confrontación civilizada de ideas, y otra muy diferente la crispación política, el recurso al insulto y a la insidia o la destrucción política del adversario. Pero el consenso debe reservarse para afrontar algunas cuestiones muy precisas. En el caso de España, esencialmente dos: las reformas constitucionales y la lucha contra el terrorismo. En el primer caso, porque parece aconsejable que las normas que regulan la convivencia tengan un amplio respaldo social. Sobre todo en un país como el nuestro en el que con la Constitución del 78 se rompió por primera vez una larga tradición que caracterizó nuestra turbulenta historia constitucional, según la cual una parte de la población imponía su voluntad a la otra parte. En el segundo caso, en la lucha contra el terrorismo, porque la batalla se ganará antes si el protagonismo recae en el Estado y no sólo en el Gobierno, aunque a éste le corresponda, lógicamente, la dirección de las operaciones. En todo lo demás, dejémonos de monsergas y que la democracia funcione.