Ley y bribonadas

EN ESTA precampaña van a echar un pulso el Estado de derecho y los ardides jurídicos de Batasuna para concurrir a las elecciones del 27-M, y aunque las circunstancias pueden originar cierta incertidumbre, dado el porcentaje de electores que dudarían de la fortaleza de la ley o de la responsabilidad del Gobierno, la apuesta más segura es a favor de que o Batasuna renuncia a la violencia, despegándose de ETA, o a estas elecciones no concurre. Durante el tiempo que se mantuvieron las expectativas del llamado «proceso de paz», la dirección de la izquierda aberzale disfrutó de cierta benevolencia del Gobierno, tolerante incluso con la verborrea provocativa de los portavoces batasunos, pero a raíz del atentado en la Terminal 4 en Barajas, con dos muertes más a añadir a las muescas de ETA, ni la banda ni quienes por ella sienten sumisión o simpatía van a tenerlo fácil. Parecía que un olvido de los plazos del procedimiento judicial habían favorecido a Batasuna con la recuperación de sus herriko tabernas y sedes embargadas, pero un auto oportuno del juez Garzón ha venido a poner las cosas en su sitio y deja a los dirigentes batasunos con cara de no entender que la vida se les pueda complicar tanto cuando veían el porvenir del radicalismo aberzale como un paseo triunfal hacia la urnas. Algunos medios responsabilizaban a Garzón por no haber prolongado a tiempo el embargo de las herriko tabernas, pero de la cúpula de la Audiencia Nacional salió ayer la voz de Carlos Vivar para decir que no se debía culpar de nada a un ausente. Garzón, en efecto, vivía en Estados Unidos cuando a Grande Marlasca, su sustituto en el Juzgado 5 de la Audiencia se le fue el santo al cielo. Y para que al Estado de derecho no le haga una organización filoetarra el tocomocho, Garzón ha puesto las cosas en su sitio. Aunque no todo es en esta precampaña un pulso entre la ley y el radicalismo aberzale, pues también afloran casos en los que la ley se enfrenta a bribonadas de algún partido que, de forma ilegal, alegal o antirreglamentaria, querría embolsarse votos de más. Denuncian los partidos de izquierda en Castellón que el PP está «inflando» algunos censos a base de domiciliar a emigrantes, para que puedan ejercer el voto, en casas derrumbadas y hasta en solares, o en el propio domicilio de los dirigentes locales. Se dice que el presidente de la Diputación de Castellón, el controvertido Carlos Fabra, desea permanecer en el puesto, para lo que necesita que su partido mantenga al menos los votos de las elecciones pasadas. Convendría por salud democrática que el legislador estableciera una tupida red de normas muy precisas que no pudieran traspasar las bellaquerías menores de los dirigentes locales, y ello para que los procesos electorales se vean limpios de toda sospecha, sobre todo en el voto por correo, cuyo funcionamiento de control difícilmente riguroso despierta frecuentes sospechas.