Grave crisis constitucional

EL GOBIERNO pretende recusar a dos magistrados conservadores del Tribunal Constitucional en la resolución del recurso presentado por el PP, gracias a la cual su presidenta se mantiene en funciones hasta su renovación ordinaria. El Gobierno sale así al paso de otra recusación anterior, que desequilibraría el organismo, que hoy registra un empate interno entre conservadores y progresistas, que se decanta hacia el lado progresista gracias precisamente al voto de calidad de la presidenta. El galimatías es ya casi inextricable y hace bien la opinión pública de desentenderse del caos. La cuestión es preocupante porque lo que sucede demuestra que el máximo tribunal encargado nada menos que de interpretar la Constitución ha caído en manos de la voracidad de la política de partido.