Un mismo carro del que tirar

POR UN margen similar al de 2004 las urnas han vuelto a confiar a José Luis Rodríguez Zapatero el Gobierno de España. En Castilla y León ello significa cuatro años más de cohabitación política entre el Gobierno central socialista y el Gobierno autonómico del Partido Popular. El balance de esa cohabitación en la pasada legislatura dista mucho de ser satisfactorio. Es cierto que la sintonía personal entre Zapatero y Herrera ha limado la aspereza en la relación entre ambos ejecutivos, atenuando la crispación existente en otras comunidades gobernadas por el PP. Pero el nivel de cooperación alcanzado en Castilla y León es manifiestamente mejorable. El desencuentro ha prevalecido claramente sobre el acuerdo. El diseño del Estado de las Autonomías, con importantes competencias compartidas por la administración central y las comunidades autónomas, hace absolutamente imprescindible esa cooperación institucional. Sin ella el gran perjudicado es el ciudadano, destinatario único e indivisible de la acción de gobierno de unos y de otros. La Ley de Dependencia es el mejor ejemplo de las nefastas consecuencias que acarrea la confrontación política entre administraciones. Después de haber pactado un nuevo Estatuto, si tan dispuestos están a trabajar por esta comunidad autónoma, PP y PSOE tienen ahora una espléndida ocasión de aparcar de inmediato sus intereses partidistas y sentar las bases de una cooperación leal en beneficio de todos los castellanos y los leoneses. Leyes como la citada Ley de Dependencia o la de Desarrollo Rural, vitales para Castilla y León, pueden verse lastradas si la Junta y el Gobierno central no son capaces de remar en la misma dirección. Son muchas las políticas que se pueden concertar cuando hay voluntad de hacerlo y se parte de un mismo diagnóstico. Por ejemplo, el que todos admiten sobre el alarmante declive de las provincias de León Zamora y Salamanca en contraste con el despegue del eje Valladolid-Palencia-Burgos, brecha que llega a alcanzar una diferencia de hasta 35 puntos en la renta per capita provincial. El Plan Oeste, con todas sus lagunas, pretende paliar ese escandaloso desequilibrio territorial, reconocido expresamente después en el nuevo Estatuto, que, de hecho contiene el mandato de elaborar un Plan de Convergencia Interior. Ya que no existe -y así nos ha ido- ningún Plan de Desarrollo global de esta comunidad autónoma, todos esos otros planes territoriales, el del Oeste, el de Soria y el que contempla el Estatuto pueden y deben ser concertados por todas las administraciones, incluidas diputaciones y los principales ayuntamientos, que tienen que implicarse mucho más en esos objetivos compartidos. Ninguna administración pública puede constituir un compartimento-estanco. Dos son las opciones ante esta renovada cohabitación. Una es que cada cual, PP y PSOE, sigan haciendo la guerra por su cuenta allá donde gobiernan, colocando, si se tercia, palos en la rueda del carro contrario. La otra consiste en realizar un ejercicio de responsabilidad, superar diferencias perfectamente salvables, y ponerse todos de a tirar del mismo carro. Si les soy sincero, me temo que seguirá ocurriendo.