Ninguneo político a las Cajas

CUANDO hace un mes nos hacíamos eco aquí de la negociación en marcha para reforzar los vínculos entre las Cajas de Castilla y León pensamos que por fin el debate sobre el futuro de las entidades de ahorro se había situado en los cauces adecuados. Ya no se hablaba de fusiones -y mucho menos impuestas desde el Poder político, en este caso la Junta- sino de establecer una estrategia común y tejer una unidad de acción mediante la creación de sólidos instrumentos de cooperación. Se hablaba de un posible banco de inversiones, de unificar servicios operativos y de compartir la obra social, todo ello acompañado de un nuevo órgano conjunto de mayor rango y competencia que la actual Federación Regional. Pensábamos que el proceso de dialogo se estaría produciendo simultáneamente en el ámbito político y en el de las propias entidades de ahorro, cuyos responsables, más allá de lo que deseen, no tienen otro remedio que aceptar, de peor o mejor gana, dicho planteamiento. Pero alguien ha vuelto a hacer las cosas mal. A través de una interesada filtración periodística se ha conocido la negociación mantenida entre la Consejería de Economía y el PSOE en busca de ese pacto sobre el futuro de las Cajas. Y ha trascendido que ambas partes tienen prácticamente cerrado un acuerdo sobre un esquema que contempla la creación de tres potentes instrumentos comunes: un consorcio financiero, un banco in dustrial y una cartera unificada de servicios. Todo ello resultaría irreprochable si no fuera por el pequeño detalle de que dicho acuerdo se ha gestado y alcanzado sin ningún tipo de participación ni consulta a las propias entidades afectadas, que se han enterado por la prensa del futuro que les tienen reservado los políticos. Más que un completo ninguneo, ello supone un absoluto desprecio hacia los órganos rectores de las propias Cajas, a los que además corresponde soberanamente adoptar cualquier decisión de esa naturaleza. Se ha puesto estos días mucho énfasis en el origen de dicha filtración periodística y hasta Alfonso Guerra, que pasaba el otro día por Salamanca, se ha permitido apuntar hacia el PP. Pero el problema no está en la filtración, sino en el hecho en sí de que la Junta y el PSOE se hayan puesto a pactar el futuro de las Cajas completamente a espaldas de las propias Cajas. Algo realmente inaudito que lógicamente ha generado gran malestar entre los directivos y ejecutivos de las propias entidades, que estos días han tenido que morderse la lengua para no manifestar públicamente lo que piensan. Si la Junta (o sea, el PP) y el PSOE creen que pueden imponer unilateralmente su voluntad política a las Cajas, pueden llegar a encontrarse alguna sorpresa. Por mucha mayoría que crean tener, ni las asambleas generales están monopolizadas por estos dos partidos ni todos los presidentes lo son por la gracia de ellos. Buen ejemplo de ello es el de Caja Burgos, José María Arribas, presidente mal que le pese al PP. Arribas, en la actualidad titular de la Federación Regional, ha sido extremadamente comedido al comentar el presunto pacto político, hasta el punto de manifestar su confianza en que se respete la «autonomía y profesionalidad» de las Cajas. Que es justo lo que no se hecho.