Educación para la ciudadanía: dos ruegos

TRAS LA INACABADA trifulca sobre su finalidad y sus contenidos, Educación para la ciudadanía y los Derechos Humanos comienza su andadura con la escuálida dedicación de una hora semanal o, si se prefiere, 35 horas de clase en todo un curso que consta de 1050 horas lectivas. Los protagonistas de la polémica se han quedado fuera y, ahora, es el turno del profesorado y los alumnos que han de desarrollarla en las aulas. De cuanto se ha escrito y dicho sobre este asunto destacaré la médula de las dos posiciones antagónicas. Primera: se trata de una asignatura establecida en la Ley Orgánica que regula el sistema educativo español. Con ella se pretende que los adolescentes, desde el espíritu y la letra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sean conscientes de sus derechos y deberes, comprendan el mundo y la sociedad en la que viven, perciban a los otros como personas, respeten sus derechos y aprendan los modos civilizados de exigir sus deberes. La posición antitética puede muy bien resumirse en las palabras del cardenal Cañizares: «Enseñar Educación para la Ciudadanía es colaborar con el mal.» Apoya esta condenatoria sentencia en que esa materia manipula las conciencias de los adolescentes desde los postulados más abominables del relativismo moral y se opone a «la» verdad cristiana. De este modo, y con la inestimable ayuda del partido conservador y sus extravagantes artilugios bilingües, el debate sobre si la Religión debe o no debe estar en las escuelas e institutos ha sido sustituido por el de «Ciudadanía sí o no». De momento. Así pues, con independencia de las actitudes religiosas o agnósticas de las personas, los profesores, los estudiantes y sus familias se encuentran, sin comerlo ni beberlo, en medio de un fuego cruzado con consecuencias educativas desastrosas, sobre todo, para los alumnos. Educar -como dice Victoria Camps- es «una tarea colectiva» que requiere varias condiciones, entre ellas una esencial: que el adolescente perciba la sociedad en la que vive sólidamente estructurada y con el máximo grado de integración de sus instituciones e individuos. El irresponsable e injurioso juicio del cardenal Cañizares es una ofensa grave a la institución educativa, compuesta sobre todo por los profesores quienes realizan su trabajo según la ley. El cardenal ha dañado su honorabilidad y rectitud morales. Pero más allá del daño a los individuos, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal pone en cuestión la licitud de una Ley Orgánica y su ejecución, envenena las relaciones entre los profesores y las familias, mina la confianza de éstas en el centro de enseñanza y pone a los primeros en la necesidad de justificar su trabajo y el cumplimiento de su deber. Ante este panorama, no es de extrañar que los muchachos sólo crean -y poco- en la Play Station. Pero, el concepto del «bien» y del «mal» no pertenece en exclusiva al monseñor sino a la inteligencia colectiva de la humanidad, uno de cuyos frutos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ello, quiero hacer públicos dos ruegos: A la Conferencia Episcopal. Hace tiempo que ustedes se separaron de la sociedad civil que ha conseguido sobrevivir y encontrar estructuras políticas legítimas sin la Religión. La Iglesia Católica no ha suscrito la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque, según ustedes, posee un fundamento débil y aboca a un positivismo jurídico difuso. Vuestras eminencias no niegan que existan -en abstracto- derechos humanos; lo que niegan es que sean los propios seres humanos quienes puedan decidir cuáles son sus derechos. «¿Es que hay alguien que esté dispuesto responsablemente a admitir que la determinación de la materia y la forma de los Derechos Humanos dependen, en su verdad y necesidad humana y ética, de la opinión mayoritaria de la sociedad?» (Rouco Varela, A.M.: Teología y Derecho. Ed. Cristiandad. Madrid 2003, pag.715). La evolución lógica de la sociedad -unida a su renuncia a participar en el debate de los Derechos Humanos- ha situado a la Jerarquía Eclesiástica en el lugar y posición más incómodos que esta institución ha podido tener en su larga historia. De poco sirven las más de cincuenta mil misas que se celebran en España todos los fines de semana con su correspondiente homilía uniformada y teledirigida para prevenir de los extravíos a la sociedad civil. Lo cierto es que la Religión ya no es el fundamento de la estructuración de la sociedad ni de la integración de los individuos. Ustedes hablan a las gentes como si la institución educativa siguiera regida por su eclesial magisterio. Saben de sobra que no es así. Por eso, el ruego es, sencillamente, que acepten ocupar el lugar que la historia les asigna: el hecho religioso y la moral religiosa, y que no obstaculicen los intentos de vertebrar la sociedad desde una moral más integradora que la suya, la que subyace a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Al Ministerio de Educación. Además de Educación para la Ciudadanía (completamente nueva), se ha modificado el nombre de las antiguas asignaturas, genuinamente filosóficas (Ética y Filosofía), que ahora se denominan respectivamente Educación ético-cívica (4.º ESO) y Filosofía y Ciudadanía (1.º de Bachillerato). Estos cambios de nombre, definitivamente innecesarios, obedecen a la inclusión de unos pocos temas nuevos extrafilosóficos, referidos sobre todo a la Constitución Española. Debido a la intensa campaña de descrédito del término «ciudadanía», que algunas personas asocian con el «mal» de Monseñor Cañizares, alguna familia ya ha pretendido objetar las tres asignaturas a la vez. Los ponentes de la ley y los que la aprobaron, llevados de su buena fe, no han parado las mientes en que la Filosofía no se construye a partir de verdades incuestionables sino de la ignorancia radical, esto es, desde la duda y la sospecha. Si se quiere que esta disciplina figure en un plan de estudios, hay que aceptarla con su estatuto metodológico, con sus luces y sus sombras. No es juego limpio adaptarla a pretensiones externas a la Filosofía por muy nobles y deseables que sean dichas pretensiones y, menos aún, obligar a quienes optaron por enseñar esa disciplina a que se conviertan en portavoces de unas «verdades» políticas o ideológicas, en el supuesto de tales verdades sean definitivas, o bien, no sean más que aspiraciones. Por ello, rogamos al Ministerio que no utilicen la Filosofía ni la Ética como púlpitos laicos. Las «verdades» de nuestro democrático sistema pueden ser explicadas en asignaturas creadas «ad hoc», o ser difundidas cada día por los medios de comunicación, o practicadas por los ciudadanos en todo momento. Dejen a la Filosofía y a la Ética con la pobreza de la diosa Penia. .