Una ley de plazos

LA VERDAD es que me sorprenden los argumentos simplistas que esgrimen los defensores del aborto (un delito, despenalizado, pero un delito) para justificar la reforma de la ley. Yo también creo que la modificación es necesaria. Lo que ocurre es que parece que, como siempre en España, un tema tan delicado va a abordarse con demagogia testicular, con esa parte del cerebro cojonudo del que hablaba Unamuno. Para poner las cartas sobre la mesa, yo estoy en contra, pero creo que (con excepciones) cuando una mujer aborta no lo hace por gusto. Este es uno de los pocos ejemplos del clásico

que me creo. De ahí a esas soflamas fascistas del Nosotras parimos-¦ va un trecho. Nadie es dueño de la vida de nadie y menos aún de su muerte. El Taigeto y las alcantarillas romanas no distan demasiado de los argumentos que esgrimen los representantes de la cultura progre cuando se refieren al aborto. Y, además, resulta inconcebible que un Gobierno tan preocupado por la salud de sus ciudadanos se muestre tan tibio con la vida de los más indefensos. Bien, el problema es que -”ya lo hemos visto-” hay clínicas dispuestas a practicar abortos a niños de seis meses o incluso más. Y es que el negocio de la muerte es más que suculento. La sanidad privada se llevó el año pasado nada menos que cincuenta millones de euros. Es necesaria una ley de plazos, pero una ley de plazos que no sea infanticidio camuflado, en la que el tope esté en tres meses y gracias a la cual quien se vea obligado a abortar tenga la posibilidad de acudir a la sanidad pública. Ésta también será una manera de lograr que la atención que se preste a la mujer sea integral y que un trance tan terrible y decisivo no se conciba como una simple evacuación, como dicen algunas feminazis.