Diálogo trabado

LA BRECHA abierta entre la Judicatura y el Gobierno amenaza con ahondarse no sólo por los asuntos que están generando las fricciones y la advertencia de las asociaciones profesionales de ir a una huelga de muy dudoso encaje legal, sino por la imposibilidad de encontrar alguna vía de diálogo constructivo. El apoyo prestado por los jueces decanos de las principales capitales a las reivindicaciones de las agrupaciones introdujo un nuevo elemento de presión en el conflicto, al conferir al mismo una cierta institucionalización que va asociada a las responsabilidades que desempeñan dichos magistrados. Junto a ello, el llamamiento lógico del Ministerio para reunirse con las asociaciones convocantes de las movilizaciones para el 18 de febrero se vio interferido por la voluntad del PSOE de que las mismas comparezcan en el Congreso para explicar los motivos de su malestar, iniciativa que, un contexto tan crispado, no parece que vaya a procurar un acercamiento en las posiciones.