Un deber colectivo

VIVIMOS inmersos en lo que el sociólogo Ulrich Be ck ha denominado la «sociedad del riesgo». El anhelo de certidumbre racional propio de la modernidad ha encontrado sus límites en la creciente incertidumbre ante el devenir. Fenómenos naturales como el tsunami; huracanes como el Mitch; incendios devastadores en Australia, California o España; desastres petroleros como el del Prestige; accidentes como el del metro de Valencia; o atentados terroristas de devastadoras consecuencias exigen que nos tomemos muy en serio la respuesta a todos estos problemas en términos de protección civil.

España así lo ha hecho desde mediados de la década de los 80 y, en especial, durante los 90 en el marco del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres. Hitos esenciales en ese camino fueron la Ley de Protección Civil de 1985 y, sobre todo, la aprobación de la Norma Básica de Protección Civil en 1992. Esta normativa ha permitido un amplio y profuso desarrollo de la descentralización y de la implementación de las políticas en la materia. En la actualidad, todas las comunidades autónomas han desarrollado sus planes territoriales y, en general, han puesto en marcha planes especiales en relación a sus riesgos potenciales: incendios, inundaciones, transportes y mercancías peligrosas o empresas químicas, por poner algunos ejemplos significativos.

Ahora bien, como en casi todos los ámbitos de la gestión pública, estos avances son insuficientes. A los poderes institucionales debemos exigirles no sólo más recursos económicos, materiales y humanos, sino también un más amplio desarrollo de las políticas preventivas y precautorias. Si en los planes territoriales se ha avanzado mucho y bien, no ha ocurrido lo mismo en relación a los planes especiales.

En el ámbito local queda mucho por hacer. Pero es que, además, resulta necesario un mayor compromiso cívico. Hace falta extender la cultura de la protección civil entre la ciudadanía, dado que la eficacia y efectividad de los servicios de protección civil depende en gran medida de una adecuada información a la población no sólo de los riesgos, sino también de las medidas que debe adoptar y la conducta que debe seguir.

Éste es el gran reto de los políticos y técnicos que se encargan de implementar políticas en este terreno: el de complementar los mecanismos tradicionales de gestión con los de participación s ocial, coordinación y gestión relacional.

(*) Joaquín Martín Cubas. Profesor del Master

de Protección Civil. Universidad de Valencia