Diligencias obligadas

LA INVESTIGACIÓN abierta por el Consejo del Poder Judicial sobre los ingresos percibidos por Baltasar Garzón durante su permiso por estudios en Estados Unidos constituye una decisión lógica a la luz del auto del Supremo por el que da traslado de los hechos al órgano de gobierno, sugiriendo que el juez pudo faltar a la verdad al no informar sobre esos emolumentos mientras mantenía su sueldo como magistrado. La probidad exigible a cualquier funcionario público, y singularmente a quienes integran el Poder Judicial, ha de llevar a aclarar en qué concepto percibió Garzón unas cantidades que podrían ser incompatibles con los términos de las licencias de que disfrutan los jueces y si incurrió en falta muy grave al no comunicárselo al CGPJ. Con todo, las diligencias no deberían analizar sólo la conducta del magistrado sino también la del propio Consejo, ante la posibilidad, que también deberá estudiarse, de que la queja contra el magistrado haya prescrito.