Legislar sobre la moral
La veleta | Andrea Greppi
Profesor de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid
La polémica que estos días rodea de nuevo al burka corre el riesgo de enredarse en cuestiones de palabras, que no llevan a ninguna parte y terminan en soluciones apresura das.
Eliminemos, de entrada, los argumentos que no atienden al principio de tolerancia: en un Estado de derecho, la ley no puede prohibir, injustificadamente, una práctica religiosa. Despejemos también el argumento de la alarma social, que no presta la debida atención a la libertad de conciencia: no es lícito prohibir una práctica religiosa sólo por la sospecha de que detrás del velo se esconde el fanatismo. Más allá de estos errores, empieza el verdadero problema.
Nos encontramos ante dos posiciones opuestas y no hay argumentos definitivos. La primera de esas posiciones es la de quienes consideran que el derecho -”en democracia-” debe ser expresión de los valores morales de la comunidad mayoritaria. La tradición liberal nos recuerda que esta opción tiene también sus riesgos.
En las sociedades pluralistas, donde la moral mayoritaria no cuenta con un apoyo unánime, mientras no haya perjuicio a terceras personas lo más prudente es diferenciar entre derecho y moral. Este sería el mejor camino para lograr que el derecho sea acatado con el mínimo dispendio de coacción.
La segunda posición es la de quienes piensan que la imposición legal de la forma de vida propia de una sociedad laica traiciona los valores centrales de la laicidad, la neutralidad y el respeto a las creencias ajenas. El laicismo se convierte entonces en religión y el Estado en instrumento de opresión sectaria de identidades culturales y religiosas. El problema, aquí, es saber qué es lo que se puede hacer para defender los mínimos de la autonomía, la capacidad básica del sujeto -”en este caso de la mujer bajo el velo o burka-” para elegir el tipo de vida que quiere vivir, asumiendo roles machistas o liberándose de ellos. No podemos decidir por ellas, pero tampoco podemos desentendernos de aquellas situaciones en las que la práctica religiosa se convierte en fuente de opresión.
Éste es un caso realmente difícil, en elque la demarcación entre lo público y lo privado, entre los derechos y la autonomía, entre la manipulación y la libertad, es borrosa. Para legislar en una materia como ésta, y además acertar, se necesitan grandes dosis de prudencia y mucha atención a todos los factores que aquí están en juego.